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Este año se cumplen ocho años desde que la Curaduría Urbana de Cartagena, autorizó la construcción de cuatro torres de 31 pisos (aunque la primera torre obtuvo su aprobación en 2015), destinadas a un proyecto multifamiliar de vivienda de interés social, llamado Aquarela.
Al probarse, el proyecto se volvió más apetecido, ya que eran Viviendas de Interés Social, con un valor de hasta 135 Salarios Mínimos Legales Vigentes. En un principio, el complejo se constituía por cinco torres de apartamentos que suman 952. La torre 1 (hoy construida), tiene 176 apartamentos.
La ubicación de esta nueva unidad residencial llamó la atención de todos, no solo por ser un punto estratégico en cuanto a la movilidad, sino por el hecho de que este edificio vulneraba la condición de patrimonio cultural, debido a que la construcción se interpone con la fortificación del Castillo San Felipe de Barajas.
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La polémica
En octubre de 2017, iniciaron los primeros tropiezos de la construcción. Tras obtener la aprobación de los entes regulatorios la Procuraduría instauró una demanda de nulidad a las licencias del proyecto, lo que llevó a la suspensión y sellamiento de este, mientras se resolvía el proceso jurídico.
Las obras fueron retrasadas con el argumento de ilegalidad, es decir, que el proyecto no se podía ejecutar por estar a aproximadamente 200 metros del Castillo San Felipe, además como segunda premisa dieron a conocer que, la altura del edificio podría interrumpir el ciclo del vuelo de las aves endémicas.
La promotora utilizó el recurso de apelación, el cual fue negado en febrero de 2018, por lo que solicitaron el traslado del caso al Tribunal Administrativo de Cartagena sobre medida cautelar. Aunque nuevamente, el Tribunal confirmó la medida de suspensión.
La culminación de este edificio se veía cada vez más lejos y con mayores líos jurídicos con el pasar del tiempo. Durante los últimos años, estas son algunas de las acciones legales que han tomado alrededor del Aquarela:
- El Ministerio de Cultura actual interpuso una acción popular contra el Distrito de Cartagena y la constructora para proteger el patrimonio.
- La Procuraduría formuló cargos a funcionarios de la curaduría local y a promotores de vivienda de interés social por presuntas irregularidades al momento de la aprobación de las licencias para este proyecto.
Pasaron los años y el rifirrafe continuó de manera activa, sin embargo, la posibilidad de la demolición se volvió cada vez más real durante la administración de William Dau.
Inicialmente, el exmandatario aseguraba que no buscaban la demolición de la edificación, sino que su objetivo era restituir el espacio público.
“No se trata de la demolición sino como se tiene que restituir del espacio público; la demolición es una de las posibilidades si no se puede restituir. Se suscribieron dos actas de inicio. La primera es del consultor contratista para determinar la restitución y el otro es la interventoría de la obra”, aseguró William Dau, en su momento.
No obstante, el exmandatario también era consciente de lo que estaba ocurriendo: “si la decisión es demoler entonces no creo que pase mi mandato”.
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Lo que está pasando
El actual alcalde, Dumek Turbay, desde el día uno de su mandato, dio a conocer que su administración estaría interviniendo el edificio lo antes posible. Por lo que, desde el 19 de febrero, la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar S.A. (Edurbe) firmó el contrato con el que llevarán a cabo la demolición del Aquarela en Cartagena, bajo la metodología piso a piso.
Asimismo, el actual mandatario dio a conocer que este miércoles, 28 de febrero, comenzarán las evaluaciones para el inicio de las obras que tendrán un plazo de ejecución de seis meses.
“Llegará el inspector de policía a hacer el secuestre de la obra. Es allí donde comenzará la primera fase de alistamiento para el desmonte. Se asegurará el área, se hará la socialización de la intervención con los vecinos del sector, y la evaluación e inventario del edificio, y otras actividades preliminares”, aseguró el alcalde, Dumek Turbay.
También confirmaron que el proyecto contará con interventoría, por parte de un equipo especializado de la Secretaría de Infraestructura de Cartagena, a través de un mecanismo de supervisión especializada de expertos.
Por otro lado, en los últimos días, se dio a conocer que Edurbe sub contrató a la empresa Atila, para que sea la encargada del proceso de demolición.
“Contratamos a Atila porque son una empresa que lleva 30 años en el mercado de las demoliciones y no han tenido algún problema en alguna de sus intervenciones, como por ejemplo Space, Continental Towers o los edificios Mónaco y Bernavento en Medellín. Es una firma que brinda confiabilidad, garantías y confianza por su idoneidad, capacidad y experiencia reconocida, y las herramientas eléctricas, tecnológicas e ingenieriles que utilizan, siempre propiciando la seguridad de los trabajadores, del entorno y de los vecinos de cada propiedad”, explicó Fanny Guerrero, gerente de Edurbe.
