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Una fuente del Ministerio de Defensa reveló a La FM de RCN Radio cómo operan las autoridades colombianas para ofrecer y pagar recompensas por información que permita capturar a los delincuentes más buscados del país. Según esta fuente, existe un comité especializado, denominado Comité Técnico de Seguimiento, que decide tanto los niveles de peligrosidad de los criminales como el monto de las recompensas, las cuales pueden llegar a ser millonarias, dependiendo del caso.
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Un sistema estructurado por niveles
La fuente explicó que los delincuentes se clasifican en cinco niveles, siendo el nivel 1 y el nivel 2 los que agrupan a los cabecillas más peligrosos. El monto de la recompensa depende directamente del nivel en el que esté clasificado el objetivo. Por ejemplo, si se trata de un jefe de una estructura criminal con alto poder de daño, la cifra ofrecida será considerablemente mayor.
¿Quién pone la plata?
El dinero para estas recompensas no sale directamente del Ministerio de Hacienda. La Fuerza Pública, ya sea la Policía Nacional o las Fuerzas Militares, cuentan con recursos asignados específicamente para este fin. Incluso el despacho del ministro de Defensa tiene una “bolsita” destinada a cubrir estos pagos cuando es necesario.
Además, las administraciones locales también juegan un papel clave. Alcaldías y gobernaciones pueden ofrecer recompensas de forma independiente o sumarse a las ya ofrecidas por las fuerzas de seguridad. Esto suele suceder cuando un hecho criminal impacta directamente a una ciudad, como un atentado o un ataque a una estación de Policía. En estos casos, los recursos se complementan y las recompensas se ofrecen de forma conjunta.
El comité que aprueba los pagos
El Comité Técnico de Seguimiento, que se encargade aprobar las recompensas, está presidido por la viceministra de Políticas de Defensa y Seguridad, quien coordina la evaluación de los casos con analistas de inteligencia de las fuerzas. Este comité no solo decide cuánto se debe pagar, sino si es necesario pagar en primer lugar.
Para que una recompensa sea autorizada, se debe comprobar que la información provino de una fuente humana —es decir, un ciudadano o informante externo— y no de los propios operativos de inteligencia de la fuerza. Si se determina que el resultado fue producto de investigaciones internas, no se paga recompensa alguna.
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“El objetivo es que no se ‘metan goles’. Es decir, que no se terminen pagando recompensas por capturas que no fueron resultado de colaboración ciudadana”, explicó la fuente.
Asignación de objetivos por fuerza
Aunque cualquier fuerza puede llegar a capturar o neutralizar a un delincuente en el terreno, cada una tiene objetivos asignados oficialmente. Por ejemplo, la Policía puede estar detrás de un cabecilla específico, mientras que el Ejército persigue a otro. Esto permite priorizar recursos y operativos, aunque no impide que una fuerza actúe si se topa con un objetivo de otra.
El sistema, aunque complejo, busca garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y motivar la colaboración ciudadana en la lucha contra el crimen. La clave está en la coordinación institucional y en asegurar que el dinero solo se pague cuando realmente se cumple con los criterios definidos.
