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La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en su último debate el proyecto de ley que estructura la Jurisdicción Agraria y Rural, un tribunal con jueces especializados que se encargarán de dirimir litigios por propiedad, posesión y tenencia de tierra.
Según el Gobierno, con esta iniciativa, a la que le falta la conciliación y la sanción presidencial, se garantizará un acceso más equitativo y eficiente a la justicia para los campesinos y comunidades rurales.
“Este proyecto tiene como finalidad proteger la propiedad rural. No contiene ninguna disposición, ni explícita ni implícita, relacionada con la expropiación. Precisamente, lo que hace el proyecto de ley es crear jueces especializados que resuelvan pleitos y apliquen el derecho vigente, el cual establece y protege la propiedad”, aseguró el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
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El funcionario agregó que el proyecto “no modifica en lo absoluto la legislación sustantiva sobre la propiedad; simplemente crea un mecanismo adicional para garantizar su protección. Este proyecto permite la creación de tribunales y juzgados dedicados exclusivamente a resolver conflictos agrarios y/o rurales”.
Por su parte, el representante Heraclito Landinez, ponente del proyecto, detalló que los órganos de cierre serán, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, dependiendo si el conflicto es entre particulares o entre particulares y el Estado.
El congresista también explicó que el tribunal tendrá competencias “única y exclusivamente temas relacionados con asuntos agrarios y rurales asociados a la propiedad de la tierra”.
Además, se establecerán Centros de Servicios Judiciales y Administrativos de Apoyo Técnico Agrario y Rural que ofrecerán soporte pericial a jueces y magistrados con un enfoque étnico y cultural. Asimismo, los usuarios de la justicia contarán con facilitadores agrarios y rurales, profesionales que orientarán a la ciudadanía sobre el acceso a la justicia en estos temas.
En cuanto a la provisión de cargos, se realizarán concursos de méritos para seleccionar jueces y magistrados especializados en derecho agrario, administrativo y ambiental.
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Críticas
Según el representante del Centro Hernán Cadavid, se logró impedir la creación de una corte agraria y de nuevas plazas para magistrados en el Consejo de Estado; no obstante, el Gobierno logró que se crearan las figuras de “facilitadores en la Defensoría del Pueblo” para crear “nuevas burocracias”.
“Una figura de facilitadores dentro de los proceso de jurisdicción agraria que se los incorporan a la planta de la Defensoría del Pueblo pero no vino la Defensoría del Pueblo a decir si podía asumir esa carga prestación al y fiscal. La creación de nuevos juzgados no está estimado por parte del Consejo de la Judicatura, hoy le entregar otra responsabilidad”, dijo el congresista.
Aún queda por discutir la ley ordinaria, la cual definirá el proceso operativo de la nueva jurisdicción que deberá establecer, entre otros aspectos, los requisitos para presentar las demandas y el procedimiento para la práctica de pruebas.
