CorteIDH condenó al Estado de Colombia por exterminio de la Unión Patriótica

La Corte afirmó que el Estado fue responsable en la “violación del derecho a la vida”.
UNIÓN PATRIÓTICA
El acto de perdón a militantes de la Unión Patriótica no se llevó a cabo por la no presencia del presidente Gustavo Petro Crédito: Colprensa

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado de Colombia por el exterminio de la Unión Patriótica y afirmó que fue responsable en la “violación del derecho a la vida”.

Afirmó que el Estado es responsable por las violaciones de derechos humanos que se cometieron de 6.000 víctimas de la UP a partir de 1984 y por más de 20 años.

“El Tribunal recordó que la UP, se constituyó como organización política el 28 de mayo de 1985, como resultado de un proceso de Paz entre el Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno nacional. Como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política de la UP”, afirma la sentencia.

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De acuerdo los la Corte, los actos constituyeron a parte del plan de exterminio contra el partido político, “los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad. A su vez, las investigaciones sobre esos hechos de violencia no fueron efectivas y se caracterizaron por altos índices de impunidad que operaron como formas de tolerancia por parte de las autoridades frente a los mismos”.

Por otro lado, la Corte encontró que se vulneró el derecho a la honra y dignidad de las declaraciones de los funcionarios públicos en contra de los militantes de la Unión Patriótica.

“El Estado, no solamente no previno ataques contra la reputación y la honra de las presuntas víctimas, sino que, a través de sus funcionarios, y en particular de sus altas autoridades, contribuyó y participó directamente en los mismos, agravando la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban y generando un factor para promover ataques en contra de estas”, afirmó la CorteIDH.

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