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La exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen, le salió al pasó a los señalamientos del contratista Emilio Tapia, quien la denunció como responsable de varios delitos por los hechos de corrupción en el escándalo de Centros Poblados.
El detenido contratista, judicializado por este caso, denunció ante la Fiscalía a la exministra y aseguró que Abudinen no cumplió su obligación de revisar las garantías bancarias del contrato de Centros Poblados, admitiendo así la veracidad, autenticidad, legalidad y vigencia de las mismas.
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Según la exministra, fue ella quien denunció ante la Fiscalía la falsedad de la garantía bancaria presentada por la Unión Temporal Centros Poblados y fue así como se descubrió ese entramado de corrupción.
“El señalado de actos criminales por la justicia colombiana, Emilio Tapia, pretende ahora una nueva estrategia que busca confundir a la opinión pública, señalándome a mí de presuntos hechos ilegales, cuando fui yo quien denunció la trama criminal que lo tiene respondiendo ante la justicia”, dijo la exministra Karen Abudinen.
Además defendió su actuación en el Ministerio de las TIC, cuando se destapó el escándalo por el incumplimiento en el contrato.
“Posteriormente y sin que me temblara la mano caduqué el contrato. Es inaudito que ahora Emilio Tapia como cabeza de esta banda de criminales me señale como responsable de pánico en redes sociales al haber alertado a las autoridades y a la opinión pública sobre las actuaciones de él y de sus cómplices”, indicó la exfuncionaria.
Así mismo, sostuvo que “dice este confesó criminal que sus cómplices no sabían que las garantías eran falsas. Algunos de ellos han aceptado ya cargos o buscan llegar a acuerdos con la justicia admitiendo su responsabilidad. Todos hacían parte de una organización criminal que no tenía otro fin que el de apropiarse de millonarios recursos públicos”.
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En torno al anticipo entregado por la fiduciaria a Centros Poblados por $70.000 millones, aseguró que confía plenamente en las actuaciones de la Fiscalía General, la Procuraduría General y la Contraloría General para que sean recuperados esos recursos en su totalidad.
