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La Procuraduría General de la Nación recibió un demoledor informe de la Superintendencia de Salud: la prórroga de la intervención a Nueva EPS, la entidad de salud más grande del país, es irregular. En diecinueve páginas, la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud advierte de controles desatendidos, un interventor sin requisitos e informes omitidos.
Antes de intervenir una EPS o de prorrogar una medida así, es necesario un informe de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud, una instancia técnica adscrita a la Superintendencia que supervisa la gestión de riesgos de las EPS. Luego, el Comité de Medidas Especiales, también de la Superintendencia pero más interdisciplinario, lanza un concepto a partir de deliberaciones.
El 10 de abril, cuando el sector sanitario discutía qué iba a pasar con Nueva EPS porque por cerca de una semana no se definía el futuro de la intervención, el Comité sesionó. La superintendente ad hoc para Nueva EPS, Luz María Múnera, manifestó su decisión de prorrogar la toma forzosa. El Comité, por unanimidad, se opuso, precisamente porque no existía ningún informe de la Dirección de Inspección y Vigilancia.
De hecho, la Superintendencia Delegada advirtió que en el proyecto de resolución de Múnera "presentaba inconsistencias relacionadas con el debido proceso". El mismo 10 de abril la Superintendencia expidió la resolución que ordena intervenir a Nueva EPS, que descarta la postura del Comité y dice que en la sesión del 10 de abril "se decide la toma de posesión e intervención forzosa administrativa".
"La superintendente ad hoc acoge las recomendaciones del Comité de Medidas Especiales frente a la adopción de la toma de posesión de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa", insiste la Resolución 2026100000003814-6, alejada del Comité. En el documento que llegó a la Procuraduría, la Superintendencia pide no tomar "decisiones que no cuenten con el debido soporte técnico".
Vacíos legales y un interventor sin requisitos
Por norma, si la intervención de una EPS no da buenos resultados en dos años, lo que procede es su liquidación, salvo que la autoridad de inspección, vigilancia y control —la superintendencia— autorice una prórroga si las circunstancias lo justifican: "situación que no ocurrió". "Ante la ausencia de acto administrativo que sustentara la prórroga de la medida de intervención, la Nueva EPS quedó jurídicamente sin medida", sostiene la misiva.
La superintendente Múnera —que ya no ocupará ese puesto por la llegada de Daniel Quintero a la superintendencia de Salud— omitió todos los requisitos y aseguró que en la sesión del 10 de abril el Comité le recomendó un "mecanismo excepcional" para designar a un interventor. Fue así como Jorge Iván Ospina, el médico, exalcalde de Cali y excongresista, llegó como delegado del Ejecutivo. Sin cumplir los requisitos.
De acuerdo con un memorando de la Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, Ospina no acredita una experiencia mínima de tres años en el nivel directivo o asesor de entidades del sector salud. Tampoco con los dos años de experiencia adicional en asesoría o dirección en el sector. Y, aunque cuenta con un título de médico cirujano, no es suficiente. Su calificación era de "riesgo alto".
"El proceso de intervención recientemente adelantado a Nueva EPS se aparta del principio de debido proceso administrativo", concluye la Superintendencia, y añade que la medida "desconoce lo dispuesto en el proceso de control de toma de decisiones de esta Superintendencia, particularmente en lo relacionado con la necesidad de contar con insumos técnicos", pues se trata de "un elemento esencial".
Una cadena de decisiones cuestionables, una superintendente solitaria y un sistema crítico
La carta para la Procuraduría fue proyectada por Mónica Núñez, asesora del despacho de la Superintendencia de Salud; Diana García, coordinadora del Grupo Jurídico de la Dirección de Medidas Especiales; Nubia Melo, coordinadora del Grupo Técnico Científico de la misma irección; Kendal Veloza, coordinadora del Grupo Financiero, también de la Dirección; el propio director de Medidas Especiales, José Edison García, y Liliana Gracia Ruiz, directora de Inspección y Vigilancia de Entidades de Aseguramiento en Salud.
Edilma Marlén Suárez Castro, superintendente Delegada para entidades de Aseguramiento en Salud, revisó el oficio, lo firmó y lo envió al despacho del procurador general, Gregorio Eljach, y de la procuradora delegada para Asuntos civiles, Mónica Andrea Ulloa. La Resolución 2026100000003814-6, la de la intervención, fue revisada, aprobada, firmada y expedida por una sola persona: Luz María Múnera.
Actualmente, la administración de Gustavo Petro —con Guillermo Alfonso Jaramillo a la cabeza del Ministerio de Salud y Bernardo Camacho como superintendente saliente, reemplazado por Daniel Quintero— administra ocho EPS: Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, Savia Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS).
Nueva EPS es la que conserva la mayor cantidad de quejas. De acuerdo con el observatorio Así Vamos en Salud, que desde 2002 evalúa varios indicadores sanitarios, la prestadora llegó a más de 38 mil peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2025, ocho mil más de los anteriores a la intervención.
La tasa de reclamos llegó a 42,6 por cada diez mil afiliados, lo que la dejó en un tercer lugar, solo detrás de Famisanar, con 60,2, y SOS, con 54,7 reclamos, si bien ambas EPS suman unos 3,7 millones de usuarios, una tercera parte de los de Nueva EPS y casi el total de los 3,35 millones de Coosalud.
