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Yudy Katherine Pico lleva meses navegando entre la prensa y los abogados. Sostiene su periplo en el luto por la muerte de su hijo, Kevin Arley Acosta Pico, de siete años y con hemofilia A Severa. Su batalla es contra el Estado, que actuó con negligencia, según la Procuraduría, que convocó a ambas partes a conciliar.
Una conciliación es el primer paso antes de un proceso de reparación directa, un método judicial para reclamarle al Estado una indemnización monetaria. El monto que la familia Pico reclama no es menor: más de mil ochocientos millones de pesos. Si la conciliación fracasa, la justicia debe determinar si la pretensión es justa.
La familia propone, para evitar el engorroso camino de los estrados, una cifra de 923,26 millones de pesos. De allí todo miembro afectado por la muerte de Kevin sacaría una parte: desde la señora Yudy Katherine, quien pide más de 175 millones, hasta las dos hermanas del niño, cada una con más de 87,54 millones.
Johan Steven Corredor Pico, el hermano de Kevin, podría obtener otros 87,54 millones, igual que Carmen Cecilia Naranjo de Pico, la abuela materna. En total, once dolientes de Kevin buscan que el Estado reconozca sus falencias en el deceso. Nueva EPS, la entidad de salud más grande del país, es una de las citadas a conciliar.
El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio de Salud y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado también están llamados a responder, de acuerdo con la convocatoria de conciliación extrajudicial de la Procuraduría, de cinco páginas y radicada el 13 de abril, que La FM conoció en primicia.
“Se solicita, como base conciliatoria, el reconocimiento del perjuicio material derivado del truncamiento de la vida productiva del menor y de la pérdida de ayuda económica futura que, según el curso ordinario de las cosas, habría podido proyectar hacia su familia”, se lee en el oficio. Ocho familiares de Kevin estarán en la conciliación.
Aún no hay una fecha definida para la etapa extrajudicial. A los ocho demandantes —entre los once que en total reclaman las reparaciones— los acompañarán dos abogados: William Mejía y Wilson Ruiz. La solicitud de conciliación tuvo como anexos la historia clínica de Kevin Acosta y otros oficios necesarios para el proceso.
Cuando Kevin Arley Acosta Pico murió a los siete años y con hemofilia A Severa, no tenía una IPS asignada. Pero había pasado por dos, Medicarte e Integral Solutions, en Huila, antes de su traslado a Bogotá para permanecer en la unidad de cuidados intensivos del Hospital La Misericordia.
Sin medicamento ni IPS: las fallas que rodearon la muerte de Kevin Acosta
Ni Medicarte ni Integral le garantizaron su medicamento, emicizumab, indispensable para controlar su trastorno de coagulación. El motivo es contundente: cuentas por pagar que superan los 61 mil millones de pesos. Nueva EPS, que tiene más de once millones de afiliados, incumplió sus contratos con ambas IPS.
Kevin Acosta murió el 13 de febrero. Su tratamiento médico había sido interrumpido, y solo las súplicas y publicaciones en redes sociales sirvieron para su traslado desde Huila a la capital. El movimiento Pacientes Colombia, que reúne a unas doscientas organizaciones, aseguró que la muerte de Kevin se debe al “abandono” de Nueva EPS.
La oenegé calificó su fallecimiento como “evitable”. La Procuraduría General de la Nación, por su parte, responsabilizó a Nueva EPS por su “omisión” y “negligencia”, y elaboró un informe detallando las circunstancias alrededor del deceso. El 8 de febrero Kevin ingresó al hospital San Antonio de Pitalito tras caer cuando montaba bicicleta.
No recibía su medicamento desde el 12 de diciembre de 2025. Tampoco tenía una IPS asignada. “Esta es una grave vulneración del derecho fundamental a la salud y a la vida de un menor de edad”, denunció la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, que siguió el caso y le exigió a Nueva EPS “una respuesta inmediata”.
El niño golpeó su cabeza desde una altura de un metro y medio, aproximadamente. Su madre lo llevó a urgencias en Palestina, un municipio huilense fundamentalmente agricultor de doce mil habitantes. Debía aplicarse emicizumab cada veintiocho días, mas completaba dos meses sin recibir ninguna dosis.
Desde Palestina, los médicos lo remitieron a Pitalito. La IPS Medicarte terminó su convenio con Nueva EPS el primero de enero de 2026. Desde entonces, Kevin no tenía IPS asignada. La EPS le informó a la madre del menor del traslado a otra IPS, Integral Solutions, donde solo tuvo una consulta por teléfono.
Al día siguiente de la consulta de hematología, “me notificaron que esta IPS tampoco tenía contrato vigente con la EPS”, contó Yudy Katherine Pico, madre de Kevin. La llamada derivó en la orden de unos exámenes que no fueron posibles. “Nueva EPS no se ha hecho responsable, ni de la IPS del niño ni del medicamento”, relató.
Los pacientes con hemofilia, un trastorno hereditario que afecta a la sangre, son especialmente delicados. Por ley, las EPS deben garantizar una IPS que brinde atención cabal, incluso en términos psicológicos, y que certifique la dispensación de medicamentos. El golpe en la cabeza de Kevin provocó un sangrado cerebral.
La Procuraduría señaló negligencia y advirtió riesgos para otros pacientes
El Ministerio Público elaboró un informe sobre los pormenores de la muerte del menor, y determinó que la falta de entrega de emicizumab por cerca de dos meses puso a Kevin “en una situación clínica crítica”. Medicarte, la IPS que atendía al niño, suspendió la entrega de medicinas por falta de pago de Nueva EPS.
La IPS Integral, que debía recibir a los pacientes de Medicarte, no asumió el compromiso, por el mismo motivo: Nueva EPS tampoco le giró recursos. La Procuraduría indicó que otros dos mil pacientes “podrían estar en alto riesgo” por las mismas condiciones, pues no tienen atención médica asegurada.
El documento de la Procuraduría constata una cartera de 53,18 mil millones de pesos que Nueva EPS no le había transferido a Medicarte con corte al 31 de diciembre de 2025, cuando terminó la relación contractual. Nueva EPS inició gestiones el 16 de enero de 2026 para trasladar la atención de la población a Integral Solutions.
La consulta por telemedicina de Kevin ocurrió el 27 de enero. Integral indicó que la EPS “solamente refirió el paciente, pero no corrió traslado de documentación de atención, formulación” o historia clínica para “confirmar el estado actual del usuario”, narra la Procuraduría. No puede descartarse que haya ocurrido lo mismo en otros casos.
Por si fuese poco, la deuda con Integral también es vasta: 8,38 mil millones de pesos que superan los ciento cincuenta días de mora, “sin que al día de hoy se haya dado trámite alguno a la depuración, abono o pago parcial ni total”. La segunda IPS de Kevin señaló su “imposibilidad absoluta” de atender a la población de la primera IPS.
Mónica Andrea Ulloa Ruiz, procuradora delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social, firmó el documento que resalta “las fallas en la garantía de los derechos fundamentales a la salud y a la vida” de Kevin. Toda la investigación fue trasladada al área responsable de los procesos disciplinarios.
Un mes y cuatro días después de la muerte de Kevin, la Procuraduría decidió, además, abrir una investigación disciplinaria contra Luis Óscar Galves Mateus, exinterventor de Nueva EPS a partir de noviembre de 2025 en medio de la toma forzosa que la Superintendencia de Salud adelanta desde abril de 2024.
Galves renunció sin que la Procuraduría concretara la investigación en su contra. Ahora el médico, exalcalde y exembajador Jorge Iván Ospina tiene a Nueva EPS y a sus falencias sobre sus hombros. Galves tiene otro caso a cuestas por su labor en Savia Salud, la EPS más grande de Antioquia y que el Gobierno interviene desde 2023.
Denuncias, investigaciones y un frente político abierto
La Superintendencia de Salud mantuvo una vigilancia especial sobre Savia Salud por seis años, pero, aun así, la entidad recaía en varias fallas. Ha tenido cinco interventores: Edwin Rodríguez , Diana Rodríguez , Luis Óscar Galves, William Salgado Gamboa —suspendido por tres meses— y Edda Sintura.
Actualmente, la administración de Gustavo Petro —con Guillermo Alfonso Jaramillo a la cabeza del Ministerio de Salud y Bernardo Camacho como superintendente— administra ocho EPS: Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, Savia Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS).
Nueva EPS es la que conserva la mayor cantidad de quejas. De acuerdo con el observatorio Así Vamos en Salud, que desde 2002 evalúa varios indicadores sanitarios, la prestadora llegó a más de 38 mil peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2025, ocho mil más de los anteriores a la intervención.
La tasa de reclamos llegó a 42,6 por cada diez mil afiliados, lo que la dejó en un tercer lugar, solo detrás de Famisanar, con 60,2, y SOS, con 54,7 reclamos, si bien ambas EPS suman unos 3,7 millones de usuarios, una tercera parte de los de Nueva EPS y casi el total de los 3,35 millones de Coosalud.
En el informe sobre Kevin, la Procuraduría resalta que el balance posterior a la intervención de Nueva EPS expone “un riesgo incalculable respecto de la garantía del derecho fundamental a la salud”. La entidad ha incumplido “sus obligaciones de garantizar la atención médica”, especialmente a la población de especial protección.
Nueva EPS generó “un riesgo vital” que se materializó con la muerte de Kevin. Además, cayó “en deficiencias en la gestión administrativa, al no remitir oportunamente las historias clínicas, no garantizar la articulación efectiva con prestadores de salud ni asegurar la continuidad del tratamiento”.
La familia de Kevin Acosta, con el abogado Manuel Villanueva, denunció al presidente Petro y al ministro Jaramillo por revelar parte de la historia clínica del menor. La Procuraduría compulsó copias para que la Fiscalía investigue a “las personas que hayan tenido alguna responsabilidad en el lamentable fallecimiento”.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía inspeccionó la última semana de febrero unas ocho IPS en Huila, Antioquia, Santander, Cauca y Bogotá para conocer qué servicios y medicamentos se le suministraron, o no, a Kevin. También analizó la necropsia que el Instituto de Medicina Legal practicó.
La historia clínica de Kevin, la base de los litigios de la familia contra el Estado
Villanueva radicó el 2 de marzo una denuncia contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, la encargada de investigar al ministro por cuenta de su fuero. Es la misma área que indaga a Jaramillo por presuntas irregularidades en la campaña presidencial de 2022. Villanueva también denunció al presidente Petro.
Ambas denuncias —contra Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y contra Jaramillo en la Fiscalía— tienen nueve páginas y señalan a los miembros del Ejecutivo de infringir el artículo 194 del Código Penal: divulgación y empleo de documentos reservados. No es un delito de cárcel, sino de multa, siempre que no sea un punible más grave.
O sea, si los procesos avanzan y notan que Petro y Jaramillo cayeron en, por ejemplo, prevaricato, las autoridades podrían tipificar de manera distinta y elevar el alcance de las sanciones. En todo caso, el optimismo de cara a la Comisión de Acusación no está tan presente, por el triunvirato investigador.
Alirio Uribe, del Pacto Histórico; Juan Carlos Wills, del Partido Conservador —a quien un juzgado le ordenó en noviembre recolectar pruebas contra la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema, tras una queja del ministro Armando Benedetti—, y William Aljure, de las Circunscripciones de Paz, investigarán al jefe de Estado.
La presidencia de la Comisión, al mando de la representante Gloria Arizabaleta —quien pidió la escisión de la Fuerza de la Paz, el partido de Roy Barreras adscrito al Pacto Histórico—, les envió el expediente porque antes recibieron una denuncia similar que la familia de Kevin, en todo caso, desconoce.
Villanueva trabaja en una recusación contra el triunvirato, le confirmó a La FM. Si el recurso no prospera, interpondrá una tutela. Y si el Legislativo, en suma, no echa a andar la denuncia, los Pico acudirán a la justicia internacional. El abogado lamenta que “no va a pasar absolutamente nada”.
Durante un discurso en La Guajira el 17 de febrero, el presidente Petro leyó sin consentimiento la historia clínica de Kevin, que incluía un “documento de aceptación de la mamá” de no intervenir quirúrgicamente al menor luego de su caída jugando en bicicleta. Katherine Pico tuvo que explicar su decisión públicamente.
La madre de Kevin precisó que su postura se basó en el riesgo de una hemorragia severa por el tiempo que llevaba el niño sin tomar emicizumab. “Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no”, dijo el mandatario. Develar la historia clínica es una vulneración grave a documentos con reserva legal.
