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La Alianza Pública para el Desarrollo Integral, Aldesarrollo, aseguró que el contrato para la actualización y mejoramiento del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) registra un avance del 73%, en medio de la controversia con la supervisión del convenio en la Cancillería. La entidad sostuvo que ese nivel de ejecución está soportado técnica y documentalmente, mientras elevó cuestionamientos por decisiones adoptadas durante el desarrollo del contrato.
Según Aldesarrollo, la discusión se centra en el reconocimiento del avance alcanzado y en actuaciones relacionadas con la supervisión del contrato. La entidad indicó que había solicitado una tercera prórroga desde mayo de 2025 y que ese trámite se había venido trabajando en mesas técnicas con la supervisión y la Oficina de Contratos del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, señaló que esa extensión finalmente no fue otorgada en la última jornada de vigencia contractual.
Diferencias sobre la ejecución del contrato
Uno de los principales puntos de disputa gira alrededor del porcentaje de cumplimiento del proyecto. Mientras Aldesarrollo sostiene que ha ejecutado el 73% de las obligaciones pactadas, señaló que desde la supervisión están desconociendo ese avance, una situación que, según plantan, ha generado tensiones jurídicas y administrativas en el desarrollo del convenio.
La entidad también expuso que el contrato contemplaba pagos contra entrega y aprobación de productos. En ese contexto, aseguró que presentó la factura correspondiente al primer pago y que esta fue revisada y aprobada por el equipo de supervisión, hecho que considera relevante dentro del soporte de la ejecución reportada.
En medio de la controversia, Aldesarrollo señaló además que el proceso sancionatorio iniciado por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores fue archivado. Para la entidad, esa decisión se suma a los elementos que respaldan su posición frente al desarrollo contractual y los cuestionamientos surgidos alrededor del convenio.
Otro aspecto es que, según indica Aldesarrollo, el contrato no ha sido cancelado. Por el contrario, explicó que el 9 de abril se instaló una mesa de arreglo directo como mecanismo para buscar soluciones a las diferencias técnicas y administrativas surgidas entre las partes.
Denuncia y solicitudes ante organismos de control
En medio del caso, Aldesarrollo informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra William Fernando Albarracín Barreto, quien se desempeña como apoyo a la supervisión, al considerar que sus actuaciones deben ser evaluadas por las autoridades competentes.
La entidad también solicitó acompañamiento permanente de la Procuraduría en el seguimiento del caso. A esto sumó la petición para que sea designado un perito técnico independiente que evalúe y certifique el nivel de ejecución contractual, con el objetivo de contar con una verificación externa sobre el avance del proyecto.
Aldesarrollo también cuestionó que el supervisor del contrato continúe en esa función pese a haber sido recusado en tres ocasiones. Ese es otro de los puntos incluidos dentro de la controversia que rodea el proceso.
El foco sigue en el futuro del proyecto
La disputa se produce en torno a un contrato relacionado con la modernización del SITAC, plataforma tecnológica clave para procesos consulares y de atención a ciudadanos. El debate se ha concentrado tanto en el porcentaje real de ejecución como en las diferencias entre contratista y supervisión sobre el estado del proyecto.
Aldesarrollo manifestó además preocupación por las repercusiones reputacionales derivadas de esta controversia y señaló que espera que las autoridades competentes definan las responsabilidades correspondientes.
Mientras avanzan las actuaciones ante la Fiscalía y las solicitudes ante los organismos de control, el eje del caso permanece en la verificación técnica del avance del contrato, la continuidad de los mecanismos de arreglo directo y la resolución de las diferencias planteadas entre las partes. Por ahora, la discusión sigue abierta alrededor del 73% de ejecución reportado por la entidad y de las decisiones que marcarán el futuro del convenio.
