Delimitación de Santurbán vuelve al centro del debate con nueva mesa de concertación

El Ministerio de Ambiente realizará este 4 de julio una nueva mesa de concertación para avanzar en la delimitación del páramo de Santurbán.
Páramo de Santurbán
Páramo de Santurbán Crédito: Gobierno Nacional

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizará una nueva mesa de concertación en Bucaramanga, como parte del proceso de participación ordenado por la Corte Constitucional para definir los límites del complejo de páramos Jurisdicciones–Santurbán–Berlín.

La jornada se desarrollará este 4 de julio desde las 8:00 de la mañana en el centro de convenciones Neomundo y reunirá a ciudadanos, organizaciones sociales, autoridades, representantes del sector minero y colectivos ambientalistas, quienes expondrán sus observaciones y propuestas frente al proceso de delimitación.

De cara al encuentro, organizaciones defensoras del páramo hicieron un llamado a la ciudadanía para asistir a la jornada y participar en la concertación. Hernán Morantes, integrante del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, aseguró que la delimitación definirá el futuro de un ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua del área metropolitana de Bucaramanga.

"Cualquier ciudadano puede asistir y participar en pro de la defensa del agua, de la defensa de Santurbán, exigiéndole al gobierno que no se permita las actividades mineras en esta zona porque de ahí es que proviene el agua que nos abastece en el acueducto metropolitano de Bucaramanga".

Los ambientalistas insisten en que la delimitación debe garantizar la protección integral del páramo y evitar el desarrollo de actividades extractivistas dentro de este ecosistema, considerado una de las principales fuentes hídricas del nororiente colombiano.

Comunidades mineras mantienen sus reparos

En contraste, representantes de las comunidades de la provincia de Soto Norte y voceros del sector minero reiteraron sus cuestionamientos a la metodología planteada por el Gobierno Nacional.

Ivonne González, vocera y veedora del Comité Identidad Minera y presidenta del Consejo de Plan y Ordenamiento de la Cuenca Alta del Río Lebrija, afirmó que no es posible concertar en una sola jornada un proceso que permanece sin definirse desde hace más de ocho años.

"llevan más de ocho años de incumplimiento de desacato, dos mil novecientos treinta días de desacato. ¿Y por qué simplemente tanto el Ministerio, el Gobierno Nacional, como los accionantes no están interesados en que se delimite? Porque necesitan el tema de Santurbán para meter terror, es un tema politiquero. Yo invito a la ciudadanía a que le paremos bolas a este tema y en verdad protejamos el páramo y el agua como debe ser, no con marchas, no con politiquería, sino en verdad como debe ser. Esto es una orden de la Corte Constitucional".

Los pequeños mineros sostienen que el mecanismo de participación convocado por el Ministerio no cumple con las condiciones de una participación amplia, eficaz y deliberativa, como, según afirman, lo ordenó la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.

Un proceso con casi una década de retrasos

La nueva mesa de concertación hace parte del cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional dejó sin efectos la delimitación del páramo expedida en 2014 y ordenó realizar un nuevo proceso con amplia participación de las comunidades involucradas.

Sin embargo, el cumplimiento de esa decisión judicial ha acumulado varios retrasos durante los últimos años. Los incumplimientos de los cronogramas establecidos por las autoridades judiciales han derivado en sanciones contra distintos jefes de la cartera ambiental.

Las exministras Susana Muhamad y Lena Yanina Estrada, así como la actual ministra encargada, Irene Vélez, han sido objeto de decisiones por desacato relacionadas con el cumplimiento de los plazos fijados para avanzar en la delimitación del páramo.

La jornada de este sábado representa un nuevo intento por avanzar en uno de los procesos ambientales más importantes para Santander, en medio de posiciones enfrentadas entre quienes defienden la protección integral del ecosistema y las comunidades que reclaman garantías para participar en una decisión que también tendrá efectos sociales y económicos sobre la provincia de Soto Norte.


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