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Las Cámaras de la Salud de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y el Centro de Estudios Económicos (Anif) proponen ajustar los mecanismos de contratación en el sistema de salud, con el fin de generar mejor eficiencia.
La propuesta, según las entidades, plantea “ajustar los esquemas de gestión del riesgo financiero y en salud, incluyendo incentivos para mejorar la calidad, mientras se discute el cálculo de una nueva unidad de pago por capitación (UPC), basada en condiciones”.
Explicaron que lo anterior permitiría preparar de mejor manera al sector ante el cambio en el modelo de reconocimiento y pago por los servicios de salud.
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Asimismo, señalaron que de acuerdo con el más reciente estudio, proyectan que a 2035 el gasto del aseguramiento en salud sea de 9,9% del Producto Interno Bruto (PIB) en un escenario realista o de 9,5% del PIB con la implementación de una serie de medidas recomendadas.
“Las necesidades de gasto en salud tras la pandemia son y serán cada vez más grandes, por lo que el reto al que se enfrenta el sistema de salud colombiano es el de garantizar estabilidad financiera en el largo plazo, que no sea completamente dependiente del aumento de los recursos que pueda aportar el Gobierno o de un aumento en la base de cotización de las personas, que termine socavando el empleo formal en el país”, así lo concluye el estudio 'Propuestas para la Financiación del Sistema de Salud en Colombia en la próxima década' realizado por las Cámaras de la Salud de la Andi y Anif.
A su vez, de acuerdo con la investigación, las presiones en materia de gasto en salud tienen origen, principalmente, en el cambio tecnológico, el aumento de la población, el cambio en la estructura demográfica y el aumento en la atención de enfermedades crónicas.
Dada las proyecciones realizadas, el gasto del aseguramiento en salud pasaría del 5,9% del PIB que se registró en 2020 a 9,9% en 2035 en un escenario realista, o a 7,7% del PIB en un escenario base calificado como optimista.
“No obstante, podría haber una disminución en el gasto del aseguramiento en salud de manera tal que el rubro disminuya 0,4 puntos porcentuales con respecto al escenario realista, pasando de 9,9% a 9,5% del PIB en 2035. Para ello, las fuentes de financiación que se deberían administrar de manera más eficiente son las rentas territoriales, las rentas del orden nacional y el gasto privado y gasto de bolsillo”, explicó Mauricio Santamaría, presidente de Anif.
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Así mismo, la investigación plantea otras dos recomendaciones y propuestas que tendrían impacto presupuestal:
*Redefinir los mecanismos de contratación para generar eficiencia a nivel intrahospitalario e interhospitalario.
*Resaltar la importancia de la prevención y el autocuidado dentro de las estrategias para alcanzar las metas que se propongan de cara al Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031.
