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Las advertencias de la Superintendencia de Salud sobre las aparentes irregularidades en la intervención a Nueva EPS —que lidera la misma superintendencia— abrieron un nuevo frente clave. La Procuraduría General de la Nación, que el 20 de abril inspeccionó la EPS, decidió empezar una investigación disciplinaria.
El Ministerio Público procesará a Jorge Iván Ospina, el recién posesionado interventor del Gobierno en la entidad de salud más grande del país, y a Luz María Múnera, quien antes de la llegada de Daniel Quintero al Ejecutivo era la superintendenta ad hoc para Nueva EPS. Ambos están citados a una versión libre.
Diez días atrás de la apertura de la investigación, la Procuraduría inspeccionó Nueva EPS. En ese momento se trataba de una visita administrativa “preventiva”, pero el auto de dos páginas que la notificó advirtió de la recolección de “toda la información necesaria” para vigilar la toma forzosa que el Gobierno adelanta.
Era la segunda inspección del ente de control desde el 16 de abril. Las procuradurías delegadas para la Seguridad Social y la Vigilancia Preventiva de la Función Pública visitaron aquel jueves la Superintendencia de Salud, y el lunes 20 pidieron que les atendiera personalmente el agente especial Ospina.
Para la Superintendencia, Ospina no cumple los requisitos para ser el agente encargado estatal. La Procuraduría, precisamente, recibió el 14 de abril un demoledor informe de la agencia sanitaria. El documento, de diecinueve páginas, denuncia esa y otras anomalías en la intervención a Nueva EPS.
Las alertas internas de la Superintendencia de Salud sobre la intervención a Nueva EPS
Antes de intervenir una EPS o prorrogar la medida, se requiere un informe de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud, una instancia técnica de la Superintendencia que supervisa la gestión de riesgos de las EPS.
Luego, el Comité de Medidas Especiales, también de la Superintendencia pero más interdisciplinario, lanza un concepto a partir de deliberaciones. El 10 de abril, una semana después del fin de la intervención a Nueva EPS, el Comité sesionó.
El sector sanitario y la opinión pública se mantenían a la expectativa sobre el futuro de la entidad de salud más grande de Colombia, que atiende a más de once millones de usuarios y que desde el 3 de abril no tenía interventor ni gerente.
La entonces superintendente ad hoc para Nueva EPS, Luz María Múnera, manifestó su decisión de prorrogar la toma forzosa. El Comité, por unanimidad, se opuso, precisamente porque no existía ningún pronunciamiento de la Dirección de Inspección y Vigilancia.
De hecho, la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud advirtió que el proyecto de resolución de Múnera "presentaba inconsistencias relacionadas con el debido proceso".
La designación de Jorge Iván Ospina y las dudas de su idoneidad
El mismo 10 de abril la Superintendencia expidió la resolución que ordena intervenir a Nueva EPS, que descarta la postura del Comité y dice que en el cónclave "se decide la toma de posesión e intervención forzosa administrativa".
"La superintendente ad hoc acoge las recomendaciones del Comité de Medidas Especiales frente a la adopción de la toma de posesión de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa", insiste la Resolución 2026100000003814-6.
Múnera, que ya no es superintendente ad hoc porque Daniel Quintero es superintendente de Salud —y no tiene ningún conflicto de interés con Nueva EPS, como sí lo tenía Bernardo Camacho—, omitió los requisitos y aseguró que el 10 de abril el Comité le recomendó un "mecanismo excepcional" para designar a un interventor.
Fue así como Jorge Iván Ospina, el médico, exalcalde de Cali y excongresista, llegó como delegado del Ejecutivo. Sin cumplir requerimientos. De acuerdo con un memorando de la Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, Ospina no acredita una experiencia mínima de tres años en el nivel directivo o asesor de entidades del sector salud.
Tampoco con los dos años de experiencia adicional en asesoría o dirección en el sector. Y aunque cuenta con un título de médico cirujano, no es suficiente. Su calificación era de "riesgo alto".
Irregularidades y cuestionamientos por el debido proceso
"El proceso de intervención recientemente adelantado a Nueva EPS se aparta del principio de debido proceso administrativo", concluye la Superintendencia, y añade que la medida "desconoce lo dispuesto en el proceso de control de toma de decisiones de esta Superintendencia, particularmente en lo relacionado con la necesidad de contar con insumos técnicos".
Por norma, si la intervención de una EPS no da buenos resultados en dos años, lo que procede es su liquidación, salvo que la autoridad de inspección, vigilancia y control —la superintendencia— autorice una prórroga si las circunstancias lo justifican: "situación que no ocurrió".
"Ante la ausencia de acto administrativo que sustentara la prórroga de la medida de intervención, la Nueva EPS quedó jurídicamente sin medida", sostiene el oficio de la Superintendencia para la Procuraduría.
En una entrevista con La FM, Ospina señaló que su objetivo principal es, precisamente impedir que Nueva EPS sea liquidada. Hay que “esclarecer claramente las cuentas por pagar, a quién se le debe pagar y cuáles son”, dijo. “Si mi perfil no cumple para liderar una EPS, entonces yo no sé qué tipo de perfil demandan”, añadió.
La carta para la Procuraduría fue proyectada por Mónica Núñez, asesora del despacho de la Superintendencia de Salud; Diana García, coordinadora del Grupo Jurídico de la Dirección de Medidas Especiales; Nubia Melo, coordinadora del Grupo Técnico Científico de la misma dirección; Kendal Veloza, coordinadora del Grupo Financiero, también de la Dirección; el propio director de Medidas Especiales, José Edison García, y Liliana Gracia Ruiz, directora de Inspección y Vigilancia de Entidades de Aseguramiento en Salud.
El trasfondo: el control estatal, la aparente arbitrariedad de Múnera y las crisis en las EPS
Edilma Marlén Suárez Castro, superintendente delegada para entidades de Aseguramiento en Salud, revisó el oficio, lo firmó y lo envió al despacho del procurador general, Gregorio Eljach, y de la procuradora delegada para Asuntos civiles, Mónica Andrea Ulloa, quien suscribió el auto con los detalles de la.
La Resolución 2026100000003814-6, la de la intervención y el nombramiento de Jorge Iván Ospina, fue revisada, aprobada, firmada y expedida por una sola persona: Luz María Múnera.
Actualmente, la administración de Gustavo Petro —con Guillermo Alfonso Jaramillo a la cabeza del Ministerio de Salud y Daniel Quintero como superintendente— administra seis EPS, luego de que dos tribunales le arrebataran el control de dos: Asmet Salud, Capresoca, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS y Servicio Occidental de Salud (SOS).
Nueva EPS concentra la mayor cantidad de quejas. De acuerdo con el observatorio Así Vamos en Salud, que desde 2002 evalúa varios indicadores sanitarios, la prestadora llegó a más de 38 mil peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2025, ocho mil más de los anteriores a la intervención.
La tasa de reclamos llegó a 42,6 por cada diez mil afiliados, lo que la dejó en un tercer lugar, solo detrás de Famisanar, con 60,2, y SOS, con 54,7 reclamos, si bien ambas EPS suman unos 3,7 millones de usuarios, una tercera parte de los de Nueva EPS.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
Nueva EPS: ¿Por qué la Procuraduría investiga a Jorge Iván Ospina y a Luz María Múnera?
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el actual interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, y la exsuperintendenta ad hoc Luz María Múnera, por presuntas irregularidades en la intervención de la entidad.
El proceso se basa en alertas internas de la Superintendencia de Salud, que advirtió de posibles fallas en el nombramiento de Ospina y en las decisiones que llevaron a prorrogar la toma forzosa de la EPS más grande del país.
¿Qué irregularidades se habrían presentado en la designación de Ospina en Nueva EPS?
Según un informe técnico de la Superintendencia de Salud, Ospina no cumpliría con los requisitos exigidos para el cargo, como experiencia mínima en dirección o asesoría dentro del sector salud.
El documento incluso califica su perfil como de “riesgo alto”, lo que pone en duda la idoneidad de su nombramiento y alimenta las sospechas sobre un posible incumplimiento de los criterios legales.
¿Qué cuestionamientos hay sobre el proceso de intervención de Nueva EPS?
Las advertencias apuntan a que la intervención se habría adelantado sin cumplir el debido proceso administrativo, al omitir insumos técnicos clave y desconocer el concepto del Comité de Medidas Especiales.
Además, la Superintendencia señala que no existía un acto administrativo que justificara la prórroga de la intervención, lo que habría dejado a la EPS en un limbo jurídico antes de la nueva decisión.
¿Qué está en juego con la investigación de la Procuraduría en Nueva EPS?
El caso pone bajo escrutinio la forma en que el Gobierno ha manejado la intervención de varias EPS, en medio de una crisis del sistema de salud y de crecientes quejas de los usuarios.
La Procuraduría deberá determinar si hubo faltas disciplinarias en las decisiones adoptadas, mientras el futuro de Nueva EPS —que atiende a más de once millones de afiliados— sigue en el centro del debate público.
