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El abogado de la Alcaldía de Santa Marta, Julián Quintana, aseguró en entrevista con La FM, que la decisión judicial contra el exalcalde Carlos Caicedo marca un paso importante dentro del proceso sobre un contrato para intervenir varios centros de salud de la ciudad.
Explicó que la sentencia analiza las pruebas presentadas durante el juicio y concluye que hubo irregularidades que afectaron las finanzas del distrito y el servicio de salud. Además, indicó que la representación de víctimas espera que el fallo sea ratificado en segunda instancia.
Quintana afirmó que la decisión "consolida esa justicia en Colombia que tarda pero que llega". Según explicó, el documento de 112 folios recoge el análisis jurídico de las pruebas y detalla las presuntas irregularidades encontradas en el contrato, así como el papel que, de acuerdo con la decisión judicial, tuvo el exmandatario en esos hechos.
El abogado también dijo que el fallo expone un impacto cercano a 5.000 millones de pesos sobre las finanzas de Santa Marta. A su juicio, las consecuencias no fueron únicamente económicas, sino que también afectaron la prestación del servicio de salud para los habitantes de la ciudad.
¿Qué dijo Julián Quintana sobre la sentencia contra Carlos Caicedo?
Quintana señaló que la defensa del exalcalde seguramente presentará una apelación. Sin embargo, afirmó que la representación de víctimas considera que existen elementos suficientes para que la decisión sea confirmada por el tribunal que estudie el caso en segunda instancia.
"Existen argumentos muy contundentes que vamos a sacar en esa sustentación para que en segunda instancia, y en nuestra expectativa, se confirme la sentencia", expresó el abogado.
Además, recordó que este no es el único proceso que enfrenta Carlos Caicedo. Según indicó, actualmente hay cinco juicios en marcha y también está pendiente la etapa de alegatos de conclusión dentro del caso relacionado con los parques de Santa Marta, prevista para el mes de octubre.
Quintana agregó que también participa como representante de víctimas desde una veeduría ciudadana en otros procesos diferentes a los que adelanta en nombre de la Alcaldía. Entre ellos mencionó denuncias por presuntos hechos de acoso y un caso de presunto abuso sexual contra una menor de ocho años.
Sobre ese trabajo fue enfático al afirmar: "Seguiremos luchando por la justicia".
El abogado también aseguró que durante estos procesos ha sido objeto de ataques por parte del exalcalde. "Carlos Caicedo ataca con mentiras, amenaza, pero vamos a seguir en primera línea de lucha jurídica para continuar con estas investigaciones y juicios", manifestó.
¿Qué pruebas llevaron, según Quintana, a la decisión judicial?
Al responder sobre las pruebas que fueron determinantes en el proceso, Julián Quintana explicó que la Fiscalía presentó un amplio material probatorio que incluía peritos, documentos y testimonios.
Según dijo, en el juicio participaron peritos contables y contractuales, además de servidores públicos que trabajaban en la Alcaldía de Santa Marta y miembros de la junta directiva del hospital, quienes declararon sobre la manera en que se desarrolló la contratación.
También afirmó que fueron presentados dictámenes contables que mostraban que varios puestos de salud nunca fueron terminados. Incluso, aseguró que fue necesario celebrar un segundo contrato para intentar finalizar las obras y que, aun así, estas no concluyeron.
Otro de los aspectos mencionados por Quintana fue la documentación relacionada con el proceso contractual. Según explicó, durante el juicio se evidenció que no existían estudios previos y que varias entidades habían advertido sobre presuntas irregularidades antes de que el contrato siguiera adelante.
"Se evidenció que no habían estudios previos", afirmó. También indicó que fueron incorporados documentos del Ministerio de Salud y de curadurías en los que, según su versión, se advertía sobre la ausencia de permisos y licencias para ejecutar las obras.
¿Qué irregularidades señaló el abogado sobre el contrato?
Durante la entrevista, Julián Quintana aseguró que uno de los puntos más relevantes del proceso fue el objeto del contrato. Explicó que, según las pruebas presentadas, el proyecto contemplaba la remodelación de los centros de salud, pero finalmente estos fueron demolidos.
"El contrato era para remodelar y lo que hicieron fue demoler todos los centros de salud", afirmó.
De acuerdo con el abogado, esa situación generó dificultades en la atención de los pacientes porque, mientras se desarrollaban las obras, los centros de salud dejaron de prestar servicio.
Quintana también recordó que durante el juicio se habló sobre la participación del entonces alcalde en el desarrollo del contrato. Mencionó que estuvo presente en el inicio de las demoliciones y aseguró que después intentó desligarse de las decisiones relacionadas con el proyecto.
Sobre ese punto dijo que en sus alegatos de conclusión utilizó la expresión "la operación Poncio Pilato" para referirse a lo que, según su interpretación, fue un intento de trasladar la responsabilidad a otros funcionarios.
Finalmente, el abogado destacó el trabajo realizado por la Fiscalía durante la investigación y sostuvo que el resultado del proceso demuestra que la actuación judicial avanzó pese a los cuestionamientos que, según dijo, se presentaron durante el caso. "La Fiscalía hizo un muy buen trabajo", concluyó.
¿Qué espera la representación de víctimas tras la condena?
La representación de víctimas espera que la defensa presente el recurso de apelación y que el fallo sea revisado en segunda instancia. Según Julián Quintana, existen elementos suficientes para que la decisión judicial sea confirmada.
¿Cuántos procesos judiciales mencionó Julián Quintana contra Carlos Caicedo?
Durante la entrevista, el abogado aseguró que actualmente existen cinco juicios en curso contra el exalcalde. Además, señaló que en octubre están previstos los alegatos de conclusión dentro del proceso relacionado con los parques de Santa Marta.
¿Qué pruebas destacó Quintana durante el juicio?
El abogado afirmó que la Fiscalía presentó testimonios de funcionarios, peritos contables y contractuales, documentos del Ministerio de Salud, dictámenes contables y comunicaciones de las curadurías, elementos que, según su versión, permitieron demostrar las irregularidades analizadas por la juez.
