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La Procuraduría General de la Nación pondrá la lupa sobre el cuestionado contrato para la chatarrización de 50.000 vehículos abandonados en los patios de la Secretaría de Movilidad de Medellín, en el municipio de Barbosa.
La indagación previa se da contra varios funcionarios, con el objetivo de determinar un posible detrimento patrimonial al contratar la chatarrización de esos automotores, tras pagar el material a $98 pesos por kilogramo cuando su valor comercial en el país oscila entre 1.000 y 1.800 pesos.
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En desarrollo de esas acciones, la Procuraduría también solicitó a la Alcaldía de Medellín, estudios y documentos previos elaborados para adelantar el trámite de selección abreviada por subasta y certificación sobre el estado actual del contrato, que también presentarían algunas irregularidades como lo reveló el concejal Daniel Duque, quien celebró esta medida.
"El control político sí funciona. Aquí vamos a seguir firmes denunciando la corrupción y esperando también que la Fiscalía asuma las investigaciones penales correspondientes, por este gran posible desfalco a las finanzas del municipio de Medellín", expresó el concejal Duque.
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En ese sentido, la Alcaldía también deberá enviar a la Procuraduría la información de los servidores públicos que habrían intervenido las etapas precontractual y contractual del polémico contrato, además de precisar si se delegó la función de celebrar esos convenios a una autoridad distinta al alcalde.
Sobre esta misma situación, la Personería Distrital de Medellín también anunció la apertura de una investigación. Sin embargo, aún no se conocen sus resultados.
Hasta ahora, la Secretaría de Servicios y Suministros solicitó al ganador de la subasta, no acceder a la suscripción del contrato.
