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Ha transcurrido un mes desde que Yudy Katherine Pico despidió a su hijo de siete años, Kevin Acosta, y en este tiempo se han iniciado investigaciones por parte de las autoridades, ante los reclamos y denuncias que se hicieron por la presunta negligencia en la entrega de medicamentos al menor, quien padecía de hemofilia tipo A y que, tras sufrir un accidente, su condición se agravó al no haber recibido su tratamiento desde diciembre de 2025.
Aunque la Nueva EPS se pronunció en varias oportunidades, dando a conocer lo que habría sucedido con la falta de entrega de los medicamentos del menor Acosta, la Procuraduría General de la Nación, tras un trabajo de investigación, estableció que “el menor Kevin Arley Acosta Pico, quien padecía hemofilia, falleció el pasado 13 de febrero por negligencia de la Nueva EPS, pues esta no garantizó la entrega oportuna del medicamento”.
Tras el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, la familia de Kevin Acosta anunció acciones judiciales por la presunta omisión en el sistema de salud que habría derivado en la muerte del menor de siete años.
A través del abogado Wilson Ruiz, indicaron que la decisión del ente de control “confirma que la muerte de Kevin no es otra cosa que una omisión por parte de la Nueva EPS”, y aseguraron que avanzarán en procesos penales y administrativos para establecer responsabilidades y lograr una reparación integral.
Según el ente de control, la falta del medicamento Emicizumab durante cerca de dos meses habría llevado al menor a una situación clínica crítica. En ese sentido, el organismo advirtió que el niño no recibió su tratamiento desde diciembre de 2025.
Precisamente, la familia sostiene que durante ese tiempo se realizaron múltiples solicitudes ante la EPS sin obtener respuesta efectiva, lo que, según el comunicado, evidencia fallas estructurales en el sistema de salud.
La Procuraduría también evidenció que Medicarte, la IPS que atendía al menor, suspendió la entrega de medicamentos por falta de pago de la Nueva EPS, y que la IPS Integral no pudo asumir la atención porque tampoco recibió los recursos necesarios.
“Kevin Arley estuvo prácticamente dos meses sin recibir el medicamento”, reiteró el ente de control dentro de sus hallazgos.
Además, se confirmó una de las principales denuncias de la madre del menor: al momento de su fallecimiento, Kevin no tenía asignada una IPS.
Frente a este panorama, la defensa aseguró que el objetivo de las acciones judiciales no es solo económico, sino esclarecer la verdad y evitar que hechos similares se repitan.
Entre tanto, la Procuraduría advirtió que al menos 2.000 pacientes podrían estar en riesgo por la falta de atención médica, situación que también será materia de seguimiento.
Finalmente, el ente de control anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el interventor de la Nueva EPS y la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación para que se determinen posibles responsabilidades penales.
