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La Asociación Colombiana de empresas de Medicina Integral, Acemi, presentó ante el Departamento Nacional de Planeación varias propuestas para que sean incluidas en el proyecto de ley del Plan de Desarrollo.
Estas propuestas se dan después de que el gremio hubiera enviado en 2018 al Ministerio de Salud una propuesta para replantear el mecanismo de suministro de prestaciones excepcionales (antes 'no POS'), en la que se recomendaba una política de ampliación gradual de los servicios en salud.
Así pues, Acemi sugiere dar una mayor claridad a la definición y naturaleza de los ingresos que reciben las EPS, discriminando los que se reciben con ocasión de las actividades propias de aseguramiento de los que se perciben para el desarrollo de actividades distintas a esta.
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Según el gremio de la salud, este aspecto es fundamental para brindar mayor seguridad jurídica y transparencia tanto a los actores como a las entidades judiciales y administrativas del Estado.
Gustavo Morales, presidente de Acemi, “a pesar de los esfuerzos enormes del Congreso y el gobierno de regular a las EPS como auténticas aseguradoras, la Procuraduría y la Contraloría, aún no parecen haberse enterado, y de ahí la urgencia de una ley que de manera definitiva y permanente defina la naturaleza de este tipo de entidades. No hay nada que favorezca más a los pacientes que un sistema de salud con reglas claras, donde todo mundo entiende el rol de cada agente”.
Otras propuestas de Acemi
De igual forma, se propuso un mayor estímulo para la creación y aprobación de planes voluntarios que se ajustan a las necesidades actuales (planes de medicina prepagada, planes complementarios), a través de los cuales se ayudaría a cofinanciar el sistema de salud.
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De otro lado, se plantea un artículo que propone la creación de un Sistema Socio Sanitario que atienda las necesidades grupos poblacionales que requieren de especial protección por sus condiciones particulares de dependencia temporal o definitiva. Este sería el caso de los niños, adultos mayores y población en condición de discapacidad.
Otro punto que hace parte del paquete de propuestas presentado por el gremio de las aseguradoras de salud, tiene que ver con el régimen de incapacidades superiores a 540 días, que, según la asociación, presentan vacíos regulatorios importantes.
Finalmente, desde el gremio de las EPS proponen un artículo a través del cual se crea una política pública sobre ineficiencias y desperdicios, en donde exista un mayor compromiso y actividades tendientes a controlar los despilfarros o indebidas utilizaciones de los recursos de la salud.
