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El viceministro de Salud y ministro encargado, Luis Alberto Martínez, informó que, tras evaluar la orden de la Corte Constitucional sobre un presunto rezago en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) entre 2021 y 2024, el Gobierno concluyó que no existen fundamentos técnicos ni financieros para realizar un ajuste retroactivo.
“Con la información disponible, los ingresos fueron suficientes para cubrir los costos médicos. Bajo esa perspectiva, no existe un rezago que deba reconocerse”, afirmó Martínez.
El proceso técnico
La revisión surge del Auto 007 de 2025, que ordenó mesas de trabajo con EPS, hospitales, academia y usuarios. Ante la falta de consenso en estas instancias, el análisis se trasladó a la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas.
Tras varias sesiones, la Comisión —integrada por los ministerios de Hacienda y Salud, el IETS, el DNP y la ADRES— concluyó de forma unánime que no hay lugar al reajuste. Según Martínez, entre 2019 y 2023 el sistema presentó un margen superavitario en su indicador de siniestralidad, el cual mide la relación entre ingresos y costos médicos.
A pesar de una impugnación inicial que suspendió temporalmente el proceso, las mesas se reanudaron bajo una nueva metodología. “Contrastamos la información reportada por las EPS con otras bases de datos para verificar su consistencia, cumpliendo una orden clave de la Corte”, señaló el funcionario.
Hallazgos por $3,5 billones de pesos
Durante la verificación, el Ministerio identificó graves irregularidades en los reportes de las EPS:
- Pagos a fallecidos: Se detectó el cobro de $1,4 billones por servicios supuestamente prestados a personas ya fallecidas entre 2019 y 2024.
- Sobre costos en medicamentos: Se identificaron cobros en exceso por $2,1 billones en fármacos sujetos a precios máximos regulados.
Estos hallazgos fueron remitidos a la Fiscalía, la Procuraduría y las superintendencias de Salud e Industria y Comercio. La Corte Constitucional, por su parte, solicitó a la Fiscalía reportes periódicos sobre los avances de estas investigaciones.
Cumplimiento judicial y reforma
Martínez enfatizó que el Ministerio cumplió "textualmente" la orden judicial y advirtió que tomar decisiones basadas en datos inconsistentes habría inducido al error al Ejecutivo.
Asimismo, aclaró que este análisis se centró en vigencias pasadas y no en el cálculo de la UPC para 2025. El funcionario vinculó la resolución de estos problemas estructurales al futuro de la reforma a la salud, actualmente pendiente de apelación en el Congreso.
“La reforma incluye nuevas fuentes de financiación y mecanismos de transformación que hoy están en pausa mientras se define el trámite legislativo”, concluyó.
