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El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, afirmó que la situación de las EPS intervenidas mantiene un impacto directo sobre la red hospitalaria del distrito y señaló que los problemas de cartera y atención continúan afectando a los pacientes que llegan por urgencias desde diferentes regiones del país.
¿Qué está pasando con las EPS intervenidas?
Bermont explicó que la intervención de las EPS se justificó, según el gobierno, por su falta de solvencia y liquidez, pero aseguró que “esta situación no se ha corregido en ninguna de las EPS intervenidas”. Indicó que en Bogotá se evidencia un deterioro en la cartera, en la entrega de medicamentos y en la atención. El funcionario señaló que la red pública atiende al 8% de la población, principalmente del régimen subsidiado, y que la deuda de estas EPS pasó de 136.000 millones a 270.000 millones.
El secretario afirmó que usuarios de ciudades como Florencia, Caldas y La Guajira están llegando por urgencias a Bogotá, especialmente afiliados de Famisanar y de Nueva EPS. Indicó que el distrito mantiene la atención, pero insistió en que la situación requiere un pronunciamiento conjunto de los secretarios de salud del país para revisar de fondo la operación de las entidades intervenidas.
¿Cómo afecta esta situación a Bogotá y qué medidas se prevén?
Frente al impacto local, Bermont recordó que el distrito destinó 260.000 millones de pesos para fortalecer las cuatro subredes, pero sostuvo que “las deudas de esta sola EPS intervenida son de 270.000 millones”, lo que absorbe los recursos aportados por los bogotanos.
Señaló que los agentes interventores “no tienen junta directiva ni gobierno corporativo” y que esta ausencia afecta la gestión, la contratación y la calidad del servicio. Agregó que esta situación golpea a las instituciones prestadoras de servicios de salud y a los proveedores, así como a los pacientes que llegan por urgencias debido a la suspensión de servicios en otras redes.
Sobre el cambio en el control accionario de la Nueva EPS, el secretario dijo que intuye que el gobierno busca acogerse al artículo 96 del Plan de Desarrollo para permitir un fortalecimiento patrimonial. Afirmó que esta cesión accionaria “solo sirve si se levanta la medida de intervención”, debido a que se debe restablecer un gobierno corporativo. Indicó que no imagina al Ministerio de Hacienda capitalizando la entidad mientras exista un interventor sin junta directiva. Enfatizó que el proceso solo sería útil si se garantiza un modelo de administración que responda por la gestión y por la continuidad del servicio.
Bermont concluyó que la solución dependerá de que la entidad más grande del país, con más de 12 millones de afiliados, cuente con un liderazgo definido y con un equipo directivo capaz de manejar una estructura de esa magnitud para garantizar la atención en salud.
