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La Procuraduría General de La Nación le solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud que suspenda los procedimientos administrativos, actos y contratos del proceso de liquidación que se adelanta contra la EPS Saludvida.
De acuerdo con esa entidad, la solicitud la adelantó la procuradora delegada Gloria Yaneth Quintero, en aras de salvaguardar el ordenamiento jurídico.
Con esta acción se pone en riesgo el traslado de los más de un millón 141 mil afiliados de la EPS Saludvida, quienes ya estaban siendo reubicados a otras entidades por parte del Ministerio de Salud, desde el primero de diciembre.
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La Procuraduría establece que el superintendente de Salud, Fabio Aristizabal, debe dar cumplimiento a las acciones judiciales que se han registrado en este proceso.
“El superintendente Nacional de Salud tiene el deber funcional de cumplir con la orden impartida por el juez de tutela el 22 de octubre de 2019, radicada en el fallo de primera instancia emitido el 14 de noviembre de la misma anualidad, siendo menester recordar que todo servidor público está en la obligación de cumplir las decisiones judiciales”, subraya uno de los apartes del documento de la Procuraduría.
El texto también señala que “se allegaron elementos probatorios según los cuales con posterioridad a la adopción de la medida provisional dentro de la acción de tutela se tomaron acciones que no estaban definidas".
En ese mismo sentido, la Procuraduría señaló que “Dario Laguado ha suscrito documentos en calidad de liquidador de Saludvida S.A. en liquidación, ejemplo las resoluciones de despido sin justa causa y oficios de terminación de contrato de trabajo sin justa causa, no obstante que los efectos de de la resolución del proceso de liquidación se encuentran suspendidos”, señala el documento.
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Acciones judiciales
Tras resolver una acción de tutela, el juzgado primero civil de Valledupar ordenó congelar la liquidación de la EPS Saludvida.
En la decisión judicial se manifiesta que se debe proteger la integridad de los usuarios de esa EPS mientras se define un plan claro para realizar su respectivo traslado.
El despacho tuteló los derechos fundamentales a la vida y a la salud de los casi 1,1 millones usuarios, indicando que es necesario garantizar la prestación del servicio mientras se realizan los trámites necesarios.
En el fallo se advierte que es "de vital importancia" que se siga prestando el servicio para proteger los derechos tutelados "que requieren de manera urgente y permanente sin la negativa por parte de las IPS y EPS donde es atendido cada uno de los pacientes".
El pasado 15 de octubre, la Superintendencia de Salud ordenó la liquidación de esta EPS por las constantes y graves fallas en la prestación del servicio, así como los balances que reflejaban una insostenibilidad financiera.
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El fallo judicial tuvo en cuenta los antecedentes y las situaciones que se han presentado con los usuarios de otras EPS que han sido liquidadas en los últimos años en Colombia.
En esa decisión se ordenó la ocupación de bienes y haberes y la intervención forzosa para liquidar a la Entidad Promotora de Salud Saludvida S.A.
En su momento, el superintendencia de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, señaló que esta intervención se realizó después de comprobar que nunca se mejoró la prestación del servicio.
“Luego del seguimiento realizado al plan de mejoramiento, plazos otorgados y otras actuaciones administrativas desplegadas por parte del ente de control para que la EPS subsanara las causales que originaron la medida preventiva de vigilancia especial, Salud Vida no mejoró. Por el contrario, ha incrementado su deterioro poniendo en riesgo la salud y la vida de la población afiliada, y los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, indicó Aristizábal.
Este es el documento de la Procuraduría General de La Nación:
