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El presidente de la República, Gustavo Petro, firmó el decreto de declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira, en el que se priorizan 11 sectores para enfrentar crisis humanitaria y climática.
La norma establece que en materia de salud para La Guajira, el Decreto de Emergencia contempla la implementación de un modelo de salud propio e intercultural construido, en acuerdo con las autoridades tradicionales indígenas del pueblo wayuu y de los demás pueblos indígenas.
En cuanto las medidas excepcionales adoptadas se buscará garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en región, mediante la financiación, comercialización, transporte, almacenamiento, venta o distribución de productos agropecuarios y titulación de tierras.
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Igualmente se establecieron medidas para ampliar la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar, incluso durante el receso académico.
El presidente Gustavo Petro, quién firmó dicho decreto, consideró que es necesario dictar medidas de orden legislativo para reforzar y ampliar la infraestructura aérea en el departamento.
En cuanto a la salud, se busca que la Guajira tenga un modelo de salud propio e intercultural, para garantizar el goce del derecho fundamental a la salud a la población de La Guajira.
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El decreto establece también que se requieren medidas legislativas para reorganizar la estructura y funcionamiento del sistema de salud, en particular en lo que tiene que ver con la gobernanza, el financiamiento, la administración y el flujo de recursos, con un modelo de salud propio.
En cuanto al suministro de agua, se podrá hacer uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación, Sistema General de Regalías y del Sistema General de Participaciones para priorizar la estructuración e implementación de intervención en infraestructura y esquemas de gestión de agua y saneamiento básico.
En el caso del sector agropecuario y rural, se busca garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, para lo cual se requieren medidas extraordinarias, que permitan flexibilizar los requisitos y condiciones de la contratación de las entidades del sector.
