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La Defensoría del Pueblo confirmó su preocupación por una serie de hechos recientes, que podrían afectar la continuidad en la prestación de los servicios de salud y el acceso oportuno a medicamentos en distintos territorios del país.
Según la entidad la situación pone en riesgo el goce efectivo del derecho fundamental a la salud de miles de usuarios en el país.
Afirmó que todos los actores del sistema de salud —EPS, IPS, Empresas Sociales del Estado (ESE), gestores y operadores farmacéuticos— tienen la obligación de garantizar redes de atención suficientes, en aplicación de los principios de universalidad y disponibilidad consagrados en la normatividad vigente.
Alertas por suspensión de servicios desde enero de 2026
La Defensoría advirtió que en los últimos días se han conocido comunicados oficiales de varias instituciones prestadoras de servicios de salud, entre ellas el Hospital Universitario San Rafael de Tunja (17 de diciembre), el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá (29 de diciembre) y el Hospital Regional de Sogamoso (29 de diciembre), en los que se anuncia la suspensión masiva de servicios ambulatorios a partir del 1 de enero de 2026.
Según estas comunicaciones, la decisión estaría motivada por causas administrativas y financieras comunes, como la mora en los pagos, fallas en las plataformas de radicación y el incumplimiento de obligaciones por parte de la Nueva EPS, lo que genera un escenario de alta incertidumbre para los usuarios.
Cierre de dispensación de medicamentos
De igual manera, la Defensoría tuvo conocimiento de comunicaciones dirigidas a afiliados de Nueva EPS, en las que el gestor farmacéutico Colsubsidio informa que, a partir del 1 de enero de 2026, se cerrará de manera definitiva el servicio de dispensación de medicamentos para estos usuarios en todos sus puntos de atención a nivel nacional, manteniendo la entrega únicamente hasta el 31 de diciembre de 2025.
La entidad de control señaló que, si bien en dichos comunicados se indica que la continuidad de los tratamientos y la designación de nuevos gestores farmacéuticos será responsabilidad de la EPS, no se ofrece información clara, oportuna ni verificable sobre las rutas de transición, los puntos alternos de dispensación o los mecanismos para garantizar la continuidad terapéutica de los pacientes.
Exigencias a las autoridades del sector salud
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a otras entidades competentes una serie de acciones urgentes, entre ellas:
Informar las rutas oficiales de contacto por territorio para la atención y gestión de casos de las EPS intervenidas.
Remitir la documentación de los mecanismos de articulación y respuesta para dar continuidad al trabajo territorial a través de los Puestos de Mando Unificado en Salud (PMU) y mesas regionales.
Informar sobre los planes y medidas adoptadas frente al informe defensorial “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados”.
Entregar la documentación y resultados del plan de choque de la Superintendencia Nacional de Salud en materia de acceso y disponibilidad de medicamentos.
Presentar un informe individual por cada EPS sobre los pagos efectuados por concepto de reembolso de gasto de bolsillo por medicamentos no entregados.
Llamado a EPS y gestores farmacéuticos
La Defensoría también le hizo un llamado a las EPS intervenidas y a los gestores farmacéuticos a implementar y comunicar de manera inmediata planes de contingencia que eviten interrupciones abruptas en la prestación de servicios y en la dispensación de medicamentos, con el fin de prevenir impactos irreversibles en la salud de los usuarios.
Finalmente, la entidad reiteró la importancia de mantener canales efectivos de comunicación, coordinación y gestión institucional, y subrayó que estas acciones son fundamentales para responder oportunamente a las necesidades de la población y garantizar el cumplimiento del derecho fundamental a la salud en todos los territorios del país.
