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El Ministerio de Salud definió el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026 y descartó un ajuste retroactivo, decisión que, según explicó Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi en entrevista con La FM, mantiene presiones financieras en el sistema y no resuelve el rezago acumulado de años anteriores, pese a una orden expresa de la Corte Constitucional.
La dirigente gremial señaló que el aumento anunciado es un valor compuesto que diferencia los dos regímenes. En el subsidiado, el incremento alcanza el 16,5%, mientras que en el contributivo se fijó en 9%, una variación que responde a obligaciones judiciales pendientes y a la necesidad de equiparar las primas entre poblaciones aseguradas.
¿Cómo impacta el aumento de la UPC a los regímenes subsidiado y contributivo?
Vesga indicó que el incremento del régimen subsidiado obedece al cumplimiento de una orden de la Corte que buscaba igualar las primas entre ambos regímenes. “Es el cumplimiento de una orden de la Corte de hace muchos años”, afirmó durante la entrevista, al señalar que esta medida empieza a cerrar una brecha histórica con más de la mitad de la población afiliada a ese régimen.
Según explicó, los recursos adicionales del subsidiado se destinan principalmente a la red pública hospitalaria, ya que cerca del 60% de la contratación en ese régimen se realiza con hospitales públicos. Por ello, manifestó la expectativa de que estos fondos se reflejen en mejoras de acceso, calidad y oportunidad para los usuarios del sistema.
En contraste, sostuvo que el aumento del 9% en el régimen contributivo resulta insuficiente frente a los costos actuales. “Es un aumento exiguo, muy lejos de lo que se requiere”, dijo Vesga, al advertir que el incremento del salario mínimo tendrá un impacto significativo en el gasto en salud durante 2026. En ese escenario, aseguró que el sistema continúa operando en sobregiro.
La presidenta de Acemi explicó que la UPC incrementada cubre únicamente el gasto corriente a partir de enero, pero no reconoce el rezago financiero acumulado. Precisó que en 2025, cuando el aumento fue del 5%, se generó un déficit cercano al 10%, diferencia que describió como siniestralidad. “De cada 100 pesos se gastan 110”, afirmó.
¿Por qué el Gobierno descarta un ajuste retroactivo de la UPC?
Sobre la decisión oficial de no realizar un ajuste retroactivo, Vesga sostuvo que se trata de un nuevo incumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional. Explicó que el tribunal solicitó una revisión concertada con los distintos actores del sistema y el análisis de la información entregada durante más de un año por EPS, hospitales y pacientes.
Sin embargo, señaló que el Ministerio de Salud, junto con el Ministerio de Hacienda y el DNP, notificó de forma unilateral que no existe rezago ni necesidad de ajuste. “El Ministerio dice: ‘No, no hay rezago. El dinero ha sido suficiente’”, relató Vesga, quien afirmó que esa conclusión desconoce una deuda que supera los 30 billones de pesos.
Indicó que la falta de reconocimiento del rezago mantiene al sistema en una situación crítica y se refleja en las dificultades financieras y de atención, incluso en EPS intervenidas desde hace más de dos años. “A ellas tampoco les está alcanzando el dinero”, aseguró durante la entrevista.
Vesga también describió efectos directos sobre los pacientes, especialmente en el acceso a medicamentos. Afirmó que algunas familias deben pagar de su bolsillo en farmacias para obtener tratamientos y que asociaciones de pacientes realizan colectas para adquirir medicamentos de alto costo. Señaló que la deuda con la industria farmacéutica ronda los 6 billones de pesos.
Finalmente, advirtió que los recursos de presupuestos máximos, destinados a medicamentos de alto costo, no se pagan desde noviembre. En ese contexto, sostuvo que la situación podría empeorar si no se ajusta la UPC y no se reconoce el rezago acumulado de años anteriores.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM.
