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El Sistema de identificación “Ciudadano de 4 Patas” es uno de los programas de la Política Distrital de Protección Animal priorizados en el Plan de Desarrollo de Bogotá. Su propósito es aumentar la posibilidad de encontrar animales extraviados, mantener actualizada la información de los animales registrados y contribuir a sancionar el maltrato. Sin embargo, según la senadora animalista Andrea Padilla: “no hay datos que indiquen que el programa ha servido para algo; ni siquiera hay lectores de microchips distribuidos en la ciudad”.
Pero más escandaloso que los $2.726.532.788 que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) ha gastado en este programa y que, según la senadora, habrían permitido esterilizar a más de 24.000 animales, es el costo actual que el Instituto tendría que pagar por cada microchip, a partir del Acuerdo Marco de Precios suscrito por la Agencia Nacional de Compras Públicas -Colombia Compra Eficiente- del año pasado.
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En una respuesta del 13 de marzo de 2023, el IDPYBA le informó a la senadora que, según el “Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de alimentos y medicamentos animales”, elaborado por Colombia Compra Eficiente, cada microchip pasaría de costar $4.185 a $63.696, lo que supondría un aumento del 1.400 % por unidad.
Desde noviembre de 2017 hasta marzo de 2022, el costo que el IDPYBA pagó por cada microchip osciló entre $3.100 y $4.500. En la misma respuesta, el IDPYBA le informó a la senadora que el 23 de septiembre de 2022 le solicitó a Colombia Compra Eficiente hacer un ajuste de precios.
Sin embargo, la contestación de la Agencia fue que los precios obedecían a un estudio del mercado y no podían ser modificados.
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Según la senadora animalista, esta situación es un llamado de atención para revisar los componentes de los estudios de mercado que se están elaborando, pues “no tiene sentido que el Estado genere costos exorbitantes para sus entidades, cuando su deber es buscar la austeridad mediante la agregación de la demanda”.
El agravante, según la senadora, es que el contrato con los proveedores tiene una duración de tres años, a menos que estos acepten terminarlo de forma anticipada para estructurar un nuevo Acuerdo Marco de Precios.
Por esta razón, la congresista le solicitó al Instituto suspender el programa Ciudadano de 4 Patas, “al menos mientras esté vigente el actual Acuerdo Marco de Precios, y valorar su continuidad dada la falta de indicadores de éxito, la inexistencia de lectores y las prioridades”.
