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El marco del proyector para sometimiento de las bacrim y grupos al margen de la ley dejó el lunes algunos interrogantes. Hoy se tienen respuestas a esas preguntas.
Frente a la justificación de este marco legal, según el derecho internacional, los grupos organizados que tienen mando unificado y control territorial son parte del conflicto y de acuerdo a la Cruz Roja Internacional, no se necesitan fines políticos.
Frente a las penas, los miembros de la base que cometan graves violaciones a los Derechos Humanos serán objeto de investigación y juzgamiento.
A los máximos responsables y miembros de la base que cometieron graves violaciones se les impone la pena principal: 50 años. Sin embargo, como beneficio si desmontan la organización y reparan se le da una pena alternativa de 8 años de privación efectiva de la libertad. Esto quiere decir cárcel.
Si incumple lo pactado se revocan los 8 años y se hacen efectivos los 50 años impuestos.
Para el caso del ELN se tendrá un marco totalmente distinto. Allí no habrá penas 'privativas' de la libertad. No habrá cárcel y se está trabajando en un marco muy similar al que se pactó con las Farc, pero corrigiendo lo que quedó mal con ese proceso.
Será en todo caso una negociación y no un ofrecimiento de oportunidad como se está haciendo con las bandas criminales. Ahora bien, sobre el tema de la extradición nadie parece tener una respuesta clara.
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