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El superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, reveló que las deudas de las EPS con hospitales y clínicas alcanzan los $16.6 billones de pesos.
El funcionario mostró su preocupación, al señalar que estas entidades administradoras de recursos siguen operando en los regímenes contributivo y subsidiado.
“Es grave que se siga ampliando, una deuda que está provocando la inviabilidad del sector prestador de salud con consecuencias negativas para la atención de millones de usuarios”, dijo.
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Señaló que las EPS están recibiendo los recursos económicos, pero no están pagando sus deudas. “Las EPS vienen recibiendo cada mes cumplidamente los recursos del sistema y tienen la obligación de utilizar esos dineros para proteger a las personas cuando están sanas y atenderlas cuando están enfermas, pero también tienen que pagarle a quienes atienden sus afiliados”, manifestó.
Apuntó que en este momento existe una dificultad evidente por el incumplimiento en los pagos, por parte de las administradoras de recursos y que tiene en crisis al sector prestador de servicios, tanto público como privado.
“Para nosotros es gran preocupación esa circunstancia, porque lleva a la inviabilidad del sector prestador por la iliquidez e insolvencia para sostener sus obligaciones”, agregó.
El superintendente subrayó que su despacho ha sentado a los principales directivos de las EPS para darles un mensaje claro.
“No se olviden que la plata que tienen es de los usuarios y el derecho de los usuarios prima sobre la pretensión de permanecer con recursos fondeados en sus arcas cuando tienen que destinarse a la prestación del servicio”, explicó.
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Recalcó que la Superintendencia inició esta semana una estrategia de inmersión en los diez territorios donde hay una mayor insatisfacción con las EPS para propiciar acercamientos entre los pagadores y los prestadores.
“Estamos generando un puente en búsqueda de llevar los recursos que se adeudan hacia quienes tienen derecho a reclamar el pago por las atenciones prestadas. Queremos que la plata esté donde debe estar, es decir, en poder de quienes prestaron el servicio, porque así se garantiza la continuidad de la atención en términos de oportunidad para los dueños del sistema, que son los ciudadanos”, añadió.
