EPS intermedias perderán afiliados por territorialización del sistema de salud, reveló informe de "Así Vamos en Salud Pública"

El centro de pensamiento "Así Vamos en Salud" advirtió que cerca de 2,3 millones de afiliados al sistema de salud en Colombia deberán cambiar de EPS en los próximos seis meses, como consecuencia de la aplicación del Decreto 858  (relativo al Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo)  y la Resolución 1789 de 2025 (territorialización del nuevo modelo de salud).

Según el informe, la medida equivale al 4,4% de la población afiliada en el país y plantea riesgos en la continuidad de tratamientos y en la calidad de los servicios.

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El informe señala que la reasignación de usuarios limita el derecho de libre elección consagrado en la Ley Estatutaria y respaldado por la Corte Constitucional, ya que no hay claridad sobre la capacidad de las EPS receptoras para garantizar atención oportuna.

Además, la evaluación técnica señala que la creación de redes integrales de atención y de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), que son pilares del nuevo modelo, aún no cuenta con una ruta clara de implementación, lo que genera mayor incertidumbre para pacientes y prestadores.

“Las simulaciones realizadas con base en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) y la división político-administrativa del DANE revelan que las EPS intermedias serán las más afectadas. Cajacopi deberá ceder el 30,5% de sus afiliados; Coosalud, el 17,8%; Asmet Salud, el 17,1%; y Famisanar, el 13%. Todo esto ocurre en un contexto de dificultades financieras para las aseguradoras y de limitaciones institucionales en varios departamentos y municipios”, determinó el estudio.

Según "Así Vamos en Salud", el nuevo esquema normativo debilita el rol de las EPS en la gestión del riesgo y no contempla ajustes financieros que aseguren la sostenibilidad del modelo.

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“Por esta razón, el centro de pensamiento pidió que cualquier transición se adelante con criterios de solvencia, capacidad de red, continuidad en los tratamientos y transparencia en la reasignación de usuarios, con el fin de proteger a la población más vulnerable”, concluyó el análisis.