Aportes del juego online a la salud cayeron más de un 30%, tras la imposición del IVA

La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) advirtió que la aplicación del IVA del 19 % sobre los depósitos en plataformas de apuestas en línea ha generado una disminución significativa en los recursos que el sector transfiere al sistema de salud.

Según estimaciones del gremio, en el último mes sin el impuesto, los operadores online aportaron más de $40.000 millones de pesos por concepto de derechos de explotación. Sin embargo, entre marzo y junio de este año, los primeros cuatro meses con la medida en vigor, el promedio mensual fue de cerca de $28.000 millones de pesos, lo que equivale a una caída aproximada del 30 %.

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Estos recursos provienen de un gravamen del 15 % sobre el ingreso operativo real de los operadores, destinado directamente a la financiación del régimen subsidiado de salud. En 2024, esta contribución sumó más de $436.000 millones de pesos, consolidando al juego legal como una de las principales fuentes alternativas de financiación para el sistema.

“Esta caída en el recaudo preocupa profundamente, pues los recursos que transferimos son esenciales para financiar el régimen subsidiado de salud. La medida no sólo afecta la sostenibilidad de las plataformas legales, sino que también reduce los fondos que llegan a millones de colombianos que dependen del sistema”, afirmó Evert Montero Cárdenas, presidente de Fecoljuegos.

Montero señaló que los operadores han absorbido gran parte del impacto del IVA para evitar trasladarlo al usuario y frenar la migración hacia plataformas ilegales, lo que ha reducido considerablemente los márgenes operativos. “Este esfuerzo, aunque necesario para proteger el mercado regulado, no puede sostenerse indefinidamente. Si el modelo sigue así, los aportes a la salud continuarán cayendo y el juego legal perderá la partida”, agregó.

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Fecoljuegos reiteró la necesidad de políticas fiscales que fortalezcan el ecosistema regulado y mantengan su capacidad de generar empleo, innovación y recursos para el Estado, garantizando que el sector siga operando bajo estándares de legalidad y responsabilidad social.