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El apoderado de la Cancillería Ernesto Matallana, aseguró que tras el fracaso de la conciliación en la Procuraduría con Thomas Greg & Sons, irán ante la justicia para defender la legalidad del acto que declaró desierta la licitación de la expedición de pasaportes.
Para el abogado está es una decisión de una instancia previa, y ante el fracaso será un juez de la jurisdicción del contencioso administrativo el que determine si el acto que fue firmado por el canciller Álvaro Leyva es legal.
“No se van a revocar porque ya se declaró fallido, entonces vamos a la instancia judicial y allá se va a confrontar la declaratoria de desierta, la legalidad de esas declaratorias de cierta, eso es lo que va a pasar”, afirmó Matallana.
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Además defendió la decisión del canciller Leyva, pues afirmó que declarar desierta la licitación no fue una determinación arbitraria sino que cumplió con una serie de pautas para llegar a esa conclusión.
“Él antes de tomar la decisión de declarar de cierta, da unas pautas y unos lineamientos, o sea, no es un acto inmotivado, ni es un acto discrecional, arbitrario”, mencionó el apoderado de la Cancillería.
El abogado explicó que el fracaso de la conciliación se debió a un tema de competencia, pues el comité estaba dispuesto a aceptar las pretensiones de Thomas Greg, pero no tenía la autoridad para revocar el acto administrativo.
“Digamos que ahí puede haber esa tensión, que en algún momento lo toma el comité y dice, yo puedo hasta aceptar la pretensión de la conciliación, pero no puedo llegar hasta el punto de revocar un acto que es de competencia exclusiva y discrecional del ordenador de gasto”, concluyó Matallana.
Por su parte el representante de la multinacional Thomas Greg aseguró que el siguiente paso será presentar la demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que sea un magistrado de esa corporación el que decida.
