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Fracasó la conciliación entre la Cancillería y la firma Thomas Greg & Sons por el contrato para la elaboración de pasaportes en el país.
Las partes, que se dieron cita en la Procuraduría General, no llegaron a un acuerdo por este millonario contrato.
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Según explicó la procuradora encargada del caso, la contrapropuesta del Gobierno estaba enfocada sólo en aceptar la revocatoria de la resolución que firmó el canciller Álvaro Leyva, pero no aclaraba las condiciones de cumplimiento.
“La contra propuesta, básicamente el gobierno se pronuncia en el sentido de expresar la intención de revocar los actos administrativos, no obstante hubo un requerimiento, por parte de la Procuraduría, en cuanto a tiempo, modo, lugar en que se iría a cumplir ese acuerdo y respecto de eso pues lastimosamente no hubo un acuerdo entre las partes”, aseguró la procuradora Fernanda García.
La funcionaria explicó que en un principio sí hubo animo de conciliación por parte del comité de la Cancillería, pero que una vez que llegaron al momento de determinar la manera como se iba a ejecutar el acuerdo, no se llegó a ningún punto común.
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“Ese comité sí había manifestado que tenía un ánimo conciliatorio, no obstante cuando vamos a desarrollar ya la forma en la que se va a cumplir pues no se llega a un acuerdo entre las partes, eso es lo que pasa en este momento. Era el Comité de Conciliación quien debía expedir esa certificación de acuerdo de no acuerdo y de las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar en las que debía cumplirse ese acuerdo”, mencionó García.
Fuentes de ese proceso resaltaron que ese cambio de actitud se debió al cambio de abogado representante de la entidad del Estado entre Germán Calderón España y Ernesto Matallana, pero ahora continuará el litigio ante un juez del contencioso-administrativo.
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