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Las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), sobre Juliana Guerrero, siguen generando polémica.
Rodríguez, hoy gerente del Fondo Adaptación, cuestionó, entre otros aspectos, la “rapidez” con la que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le otorgó medidas de protección a la joven, quien para entonces era la jefe de gabinete del Ministerio del Interior.
Precisamente este punto ha sido uno de los más controvertidos. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, aseguró que el esquema de Guerrero estaría compuesto por tres carros blindados y al menos nueve escoltas, “pagados con los impuestos de los colombianos”, en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país.
Sobre estas afirmaciones se pronunció el director de la UNP, Augusto Rodríguez, quien en diálogo con La FM rechazó de manera contundente esas versiones y habló de falta de rigor.
“Es una exageración enorme. Me aterra la falta de rigurosidad. Es una forma muy poco profesional y muy poco técnica de manejar este tema”, afirmó.
El funcionario explicó que existe una reserva legal sobre los detalles de los esquemas de protección, precisamente para garantizar la seguridad de las personas beneficiarias. No obstante, fue claro en desmentir las cifras que han circulado públicamente.
“Si uno suministra esa información, personas interesadas en atentar contra la integridad de los protegidos podrían aprovecharla. Por eso no puedo dar números de vehículos ni de escoltas. Pero no tiene tres carros blindados y no tiene nueve escoltas, eso no es cierto”, enfatizó.
¿Por qué sigue con la protección?
Rodríguez también respondió a los cuestionamientos sobre por qué Juliana Guerrero cuenta con medidas de protección si actualmente no es funcionaria pública. Según explicó, el origen del esquema se remonta a su paso por el Ministerio del Interior.
“Ella fue funcionaria del Ministerio del Interior y en ese momento reportó unos riesgos que fueron evaluados por los comités técnicos de esta entidad. A partir de ahí se recomendaron las medidas de protección”, sostuvo.
Añadió que, tras su salida del sector público, su situación continúa bajo revisión.
“En este momento está siendo evaluada por trámite ordinario, como parte de la población de activistas. Aquí hay unos procedimientos claros. Las medidas no se asignan de manera arbitraria”, precisó.
Las medidas fueron solicitadas por Angie Rodríguez por medio de una carta
En medio de la controversia, se conoció la carta con la que Angie Rodríguez, entonces directora del Dapre, solicitó a la UNP medidas de protección para Juliana Guerrero en marzo de 2025. De acuerdo con Rodríguez, la solicitud se tramitó de manera urgente.
“Ella solicitó de manera muy urgente la protección. Lo hizo el mismo día en que fue nombrada. Ese mismo día nos llegó la solicitud”, reveló.
Para el funcionario, este hecho evidencia una contradicción frente a sus declaraciones actuales. “Hay una curiosa contradicción entre lo que se hizo en su momento y lo que se dice ahora”, concluyó.
