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En una noticia que causó sorpresa la noche de este jueves, el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, fue capturado por disposición de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
La medida de aseguramiento se ejecuta en el marco del proceso judicial en su contra, donde enfrenta acusaciones de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
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Las acusaciones en contra del senador Ramírez apuntan a su presunta participación en actividades relacionadas con el concierto para delinquir, indicando una colaboración ilícita en actividades delictivas. Además, se le imputan cargos de cohecho, sugiriendo posibles actos de corrupción en su ejercicio como legislador. Asimismo, se investiga su implicación en intereses indebidos durante la celebración de contratos.
La decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de proceder con la captura y la imposición de medida de aseguramiento refleja la gravedad de los cargos presentados contra el senador. Esta acción legal busca garantizar la comparecencia del acusado ante la justicia y prevenir posibles interferencias en el proceso judicial.
El caso de Ciro Ramírez
En octubre pasado, la Procuraduría ordenó la apertura de una indagación previa contra el senador Ciro Alejandro Ramírez, por su supuesta participación en el direccionamiento de varios contratos por un valor superior a los $9.000 millones.
La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que se investigarán las denuncias hechas por varios medios de comunicación que refirieron que, al parecer, junto con otros servidores, el congresista participó en la manipulación de al menos 15 contratos.
Según el organismo, los contratos que fueron presuntamente direccionados, estaban ubicados en los departamentos de Tolima, Quindío y Valle del Cauca, entre noviembre de 2020 y finales de 2022.
Por este caso, la Fiscalía también compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que avance en la investigación contra el senador, pues la decisión fue resultado de un proceso que avanza contra funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo de Ramírez.
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Las personas que son investigadas por la Fiscalía son Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la UTL del congresista y al contratista Anderson González, por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.
Según la investigación, Bohórquez se habría contactado con funcionarios del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) para coordinar el direccionamiento de estos contratos. Al parecer, por este favorecimiento, se pactó el pago de 1.000 millones de pesos, que habrían ido a parar a las arcas del congresista y de otras de las personas implicadas con esta red de corrupción.
