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El abogado Mauricio Pava, defensor del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, explicó en entrevista con La FM los fundamentos de la defensa frente a la imputación anunciada por la Fiscalía, centrando su posición en la naturaleza de los proyectos gestionados desde el Ministerio y en el alcance legal de las funciones atribuibles a la ley quinta.
¿Qué dicen las declaraciones de Alejandra Benavides sobre los proyectos del Ministerio?
Pava sostuvo que una de las pruebas clave para la defensa es la declaración de Alejandra Benavides, asesora del Ministerio y enlace con el Congreso. Afirmó que sus 50 horas de testimonio ante la Corte contienen elementos que, según él, no han sido divulgados en su totalidad. Señaló que Benavides “dejó claro que este no es un caso de maletines con dinero” y que tampoco corresponde a comisiones o contratos.
Según su exposición, los congresistas consultaban sobre proyectos del Ministerio, tal como lo permite la ley quinta, y el Ministerio realizaba seguimiento e impulso dentro de los protocolos legales. Añadió que solo se han conocido partes del testimonio y que “hay otras partes que van a clarificar la actuación” del exministro.
Frente a la interpretación de la Fiscalía, Pava indicó que la audiencia de imputación permitirá “aterrizar los hechos” y ubicar la discusión en un plano jurídico. Explicó que el análisis debe diferenciar entre debates éticos, disciplinarios o políticos y lo que el derecho penal realmente juzga. Según dijo, será en ese escenario donde se establecerá si las gestiones propias de la interacción entre poderes públicos tienen relevancia penal o corresponden al marco funcional previsto por la ley.
¿Cómo explica la defensa los chats entre Bonilla y funcionarios de la UNGRD?
En relación con los mensajes entre el exministro y el subdirector de la UNGRD, Pava afirmó que “él nunca preguntó por contratos”. Sostuvo que los chats se referían a proyectos y que es distinto hablar de contratos, ya que “en el caso del profesor Bonilla no hay un solo contrato”.
Señaló que el Ministerio tiene la obligación legal de verificar el avance de proyectos regionales y que los congresistas están facultados para preguntar por ellos. Agregó que suponer una cadena de hechos futuros que terminarían en contratos es una narrativa que no ocurrió y que “en materia penal solo el acto material” puede ser objeto de reproche.
Ante la pregunta sobre un eventual lobby para viabilizar proyectos durante votaciones legislativas, el abogado reiteró que el derecho penal evalúa actos, no escenarios imaginados. Aseguró que los proyectos estaban en trámite desde tiempo atrás y que, al no haberse celebrado contratos, el análisis debe centrarse en la competencia técnica del Ministerio para hacer seguimiento a iniciativas regionales.
Sobre si el exministro conocía contactos de potenciales contratistas, Pava dijo que esa respuesta se encuentra en la declaración completa de Benavides. Indicó que la conducta del Ministerio se limitó al ámbito técnico y que, si hipotéticamente hubiese derivado en contratos, la competencia habría correspondido a la UNGRD. Reiteró que, según la defensa, “no hubo un solo contrato”.
En cuanto al riesgo de privación de libertad, Pava señaló que la medida de aseguramiento es una discusión distinta y que será la audiencia la que determine el alcance jurídico de los hechos imputados. Recordó que los congresistas suelen acudir a un ministro de Hacienda para solicitar avance de proyectos regionales y que ello hace parte de la interacción institucional prevista por la ley.
Consultado sobre una eventual salida del país por parte de Bonilla, Pava afirmó que “no ha tenido la intención” y que incluso entregó su pasaporte en diligencias de arraigo. Aseguró que el exministro debe permanecer en Colombia por razones económicas y de salud, y que la defensa solicitó investigar su transaccionalidad financiera para confirmar su situación patrimonial.
Finalmente, sobre el financiamiento de la defensa, Pava explicó que los honorarios provienen de las pólizas de seguro que amparan a los servidores públicos y señaló que, bajo la presunción de inocencia, estas pólizas cubren los procesos jurídicos mientras se mantenga la condición legal del investigado
