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Andrés Idárraga, ministro de Justicia, confirmó que firmará la solicitud de la Consejería de Paz para trasladar a Barranquilla a Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Castor', líderes de 'Los Pepes' y 'Los Costeños', respectivamente. Sin embargo, advirtió que "no van a un hotel".
En un comunicado, el funcionario manifestó que el pasado 9 de enero, Otty Patiño, alto Comisionado para la Paz, le solicitó formalmente la evaluación del traslado intramural de los máximos cabecillas de ambas estructuras a centros de reclusión ubicados en la capital del Atlántico, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de la tregua y prevenir una reactivación de la violencia.
“Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas, y principalmente, proteger a la ciudadanía. Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para sostener la tregua y proteger a la población”, expresó Idárraga a través de un comunicado.
La solicitud involucra tanto a Digno Palomino como a Jorge Eliécer Díaz Collazos, quienes han sido adversarios históricos dentro de la dinámica criminal de la región.
“La medida precisa que los traslados se realizarán bajo condiciones de máxima seguridad, con custodia reforzada y vigilancia estricta a cargo del INPEC”, indicó.
Las consideraciones del Ministerio
Desde el Ministerio indicaron que esta actuación se desarrolla en el “marco de la Resolución Ejecutiva N.º 442 del 5 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con estas estructuras criminales”.
“El jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, precisó que dichos acercamientos buscan verificar su voluntad real de paz y avanzar en la formalización de diálogos conforme a los objetivos definidos por el presidente de la República”.
Señalaron que, el Gobierno reitera que la prioridad absoluta es la vida, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de Barranquilla y del Atlántico, y que estas decisiones están orientadas a preservar los avances de la tregua sin renunciar al principio de autoridad del Estado.
