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El Gobierno Nacional y la oposición coincidieron en la relevancia que tiene la renuncia de Carlos Ramón González como director del Departamento Nacional de Inteligencia, tras ser mencionado por la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López y Sneyder Pinilla por el escándalo en Gestión del Riesgo.
El director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, respaldó la decisión debido a que algunos funcionarios que están salpicados en el caso de corrupción, manchen la aparente lucha anticorrupción que adelantado el Gobierno Nacional.
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“El Estado tiene más de 100 entidades, 100 altos funcionarios y por uno o por dos o por cinco no podemos manchar una gestión anticorrupción que se está haciendo desde todas las entidades y yo respaldo la decisión del Presidente”, afirmó Bolívar.
La senadora Paloma Valencia, una de las máximas representantes de la oposición, también resaltó la importancia de que un funcionario salpicado en un escándalo como el de la UNGRD, dé un paso al costado, debido a los múltiples escándalos en los que estaría relacionado el saliente director de Inteligencia.
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“Una persona que está cuestionada de haber direccionado la corrupción en este país, manejando la inteligencia, que ya venía con una serie de cuestionamientos en torno al chuzamiento ilegal de varios líderes de oposición, miembros de la fuerza pública retirados, pues ya eran suficientes escándalos para una sola persona”, afirmó Valencia.
El presidente Gustavo Petro ya aceptó la renuncia de González, pues el mandatario dijo que su cargo es incompatible con cualquier investigación judicial que avanza en su contra.
“Acepto la renuncia de Carlos Ramón director de la Dirección de Inteligencia Nacional. Su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia del país", afirmó el mandatario.
La senadora Paloma Valencia y el director Gustavo Bolívar resaltaron la importancia de que las personas que estén cuestionadas den un paso al costado, con el objetivo de cuidar la legitimidad de las instituciones.
