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La reforma al Código Disciplinario, que fue presentada por la procuradora general, Margarita Cabello, fue aprobada en primer debate por las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes.
La norma le entrega nuevos poderes jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación y adecua las normas al fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Gustavo Petro.
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Aunque la oposición consideró que otorgarle estas funciones judiciales al Ministerio Público se prestarían para perseguir dirigentes político, el representante Alfredo Deluque, uno de los ponentes, lo negó.
“No es nuevo entregar facultades jurisdiccionales a la Procuraduría, ya la Constitución lo hace de forma excepcional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que el contenido material de las decisiones de la Procuraduría tienen contenido jurisdiccional, de manera que esto no es novedoso”, indicó.
El proyecto también le entrega nuevas funciones de policía judicial al procurador, que estarán sujetas al control de un juez de control de garantías, para adelantar interceptaciones, allanamientos y otro tipo de procedimientos.
El representante José Daniel López indicó que "está autorizando inspecciones corporales, registros y allanamientos, seguimiento a personas investigadas, la vigilancia de cosas, retención de correspondencia y recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones".
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Sin embargo, el artículo fue defendido por el representante Edward Rodríguez, quien sostuvo que esto le daría herramientas a la Procuraduría para combatir la corrupción.
“La Procuraduría está hecha para proteger derechos fundamentales pero también para combatir la corrupción en Colombia, la corrupción administrativa y la de los alcaldes y todos los funcionarios públicos y nosotros nos estamos enfrentando es contra organizaciones criminales y por eso necesitamos crear un marco para combatirlas”, indicó.
Otro de los puntos que generó polémica, es el que tiene que ver con las facultades que tendría el presidente de la República para reconfigurar la planta de personal y crear nuevos cargos. Para el representante Gabriel Santos, no es conveniente crear más burocracia en estos momentos de crisis.
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“Es absolutamente inmoral que en medio de una de las peores crisis de nuestra historia, el Gobierno esté metiéndole mensaje de urgencia a un proyecto que pretende ampliar de forma desvergonzada la planta burocrática en un ente eminentemente burocrático como lo es la Procuraduría General”, sostuvo.
Sin embargo, los ponentes explicaron que en el proyecto quedó claro que habrá el menos gasto financiero posible para cumplir con la reestructuración de la planta de personal y la contratación de nuevo personal solo hará si es estrictamente necesario.
El senador Gustavo Petro anunció que denunciará ante la Corte Suprema a los congresistas que apoyaron este proyecto porque, según él, le hace conejo al fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció que un órgano administrativo no puede destituir o inhabilitar a funcionarios elegidos popularmente.
