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La Fiscalía General de la Nación determinó imponer medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre la avioneta C-90 de matrícula N722KR, en la que fueron encontrados 446 kilogramos de cocaína y más de cien millones de pesos en efectivo, tras aterrizar en el aeropuerto El Embrujo de Providencia y Santa Catalina, el pasado 23 de mayo.
Las acciones judiciales fueron emitidas por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación.
Por estos hechos, recientemente el juez promiscuo municipal de Providencia, de control de garantías, dictó medida de aseguramiento y ordenó el envío a la cárcel de Juan Camilo Cadena Botero y Harold Darío Rivera Toledo, piloto y copiloto, respectivamente de la aeronave.
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Al ser interrogados, por parte del juez del caso, el piloto y el copiloto se declararon inocentes y no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía como son tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado, y lavado de activos.
“El material probatorio y la evidencia física recaudadas evidencian que la aeronave, avaluada en 2.200 millones de pesos, habría sido dispuesta como instrumento para cumplir actividades ilícitas relacionadas con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”, indicó la Fiscalía General.
De acuerdo con los investigadores, la avioneta llegó a la isla con el pretexto de llevar ayudas humanitarias y cajas con tapabocas, pero se pudo determinar que en su interior iba oculto el cargamento de cocaína.
Según los fiscales a cargo del proceso, en este caso se cumplen las causales consignadas en el artículo 16 del Código de Extinción de Dominio, que destaca que “se declarará extinguido el dominio sobre los bienes que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas”.
Esta incautación ha tomado trascendencia porque, en desarrollo de la audiencia de legalización de capturas, los investigadores hicieron mención que la avioneta pertenecía a la empresa Internades Helicópteros SAS, de propiedad del empresario Fernando Alonso Escovar Langebeck y de Miguel Jaramillo Arango, este último esposo de la actriz y comediante Alejandra Azcárate.
Durante las diligencias preliminares el apoderado del representante legal de la empresa propietaria de la avioneta también solicitó el reconocimiento, en calidad de víctima, de su cliente.
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Sin embargo, el juez señaló que en esta etapa procesal no se podía resolver la petición y enfatizó que el tema podría ser discutido en la audiencia de acusación.
