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El representante por el Polo Democrático, Alirio Uribe, radicó en compañía de representantes del Pacto Histórico un proyecto de ley que busca reglamentar la aplicación de amnistía y de indulto a manifestantes detenidos en el marco de los estallidos sociales del 2019, 2020 y 2021 por delitos contra la seguridad pública y contra servidores públicos.
"Hay una cantidad de jóvenes que participaron en la protestas que están privados de la libertad, unos en centros de reclusión, otros a nivel domiciliario, estos jóvenes han alegado que han sido objeto de cargos demasiado exorbitantes y que ellos no cometieron los hechos que se les han imputado, por eso radicamos una ley autónoma por fuera de la Paz Total", señaló el representante Uribe.
Cabe señalar que dicha propuesta fue finalmente eliminada del proyecto de "Paz Total" del Gobierno que actualmente cursa en la Cámara de Representantes y que generó toda una polémica por las facultades que tendría el presidente Gustavo Petro para darle amnistía a dichos jóvenes y que poco tendría que ver con la propuesta de paz que ha impulsado la nueva administración.
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“Gobierno Nacional podrá conceder (…) el beneficio de indulto, a los ciudadanos condenados por los hechos ocurridos dentro del contexto de la protesta social como delitos contra la seguridad pública, delitos contra los servidores públicos y delitos contra el régimen constitucional y legal”, señala el texto de propuesta.
También se podrá conceder el beneficio de amnistía, previo estudio caso a caso a los ciudadanos que estén siendo investigados y/o procesados por los hechos ocurridos dentro del contexto de la protesta social.
El beneficio de indulto o de amnistía se solicitará por el interesado, directamente o a través del apoderado o su abogado mediante escrito dirigido al Ministerio de Justicia y contendrá también la indicación del despacho judicial en el que se encuentra el expediente.
Finalmente, el texto señala que quienes se encuentren privados de la libertad al momento de concedérseles el beneficio de indulto, serán liberados por la autoridad competente una vez se profiera el acto administrativo.
