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El ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, se pronunció frente a la expectativa del presidente de la República, Gustavo Petro, de implementar la aspersión aérea con glifosato en territorios donde predominan grupos criminales que han instrumentalizado a la población civil para amedrentar a miembros de la fuerza pública.
El jefe de la cartera de Justicia ratificó que Colombia mantendrá la prohibición total del glifosato en la lucha contra el narcotráfico, pese a que la intención del Gobierno fuera de implementar esta medida solo en los territorios donde predominan grupos criminales, que conducen a que la población civil secuestre a uniformados.
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El pronunciamiento se da en medio de la incertidumbre por conocerse la posición del gobierno de Estados Unidos sobre la certificación de Colombia en la lucha antidrogas.
Montealegre destacó que esta intención del presidente Gustavo Petro no puede convertirse en una política generalizada.
“Por ahora, Colombia tendrá que mantener su prohibición total del glifosato", señaló Montealegre. Advirtió que volver al glifosato “es un camino a recorrer supremamente difícil”.
El alto funcionario indicó que "así no exista certeza de que produce el daño a la vida, la sola probabilidad de riesgo impide la utilización del glifosato".
También hay que señalar que la exministra de Justicia Ángela María Buitrago también había estado en desacuerdo con esta implementación.
En el programa "Aquí y Ahora" de La FM, esta modalidad de aspersión aérea para combatir los cultivos ilícitos no se justifica.
Aseguró que el gobierno debe centrarse más en el gran daño que le está haciendo al país, la multiplicación de la hoja de coca y al ambiente, respectivamente.
"Una cosa es que ellos entren a erradicar y otra cosa es que ellos entren a controlar los territorios por problemas de orden público, de crimen organizado. (...) la cuestión es que si vamos a atacar porque están atacando la fuerza pública, en mi criterio es centrarse en un daño que está haciendo la hoja de coca y el narcotráfico a Colombia", señaló Buitrago.
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La sentencia T-236 de 2017 de la Corte Constitucional, la más importante en este tema, ordenó la no reanudación de la fumigación aérea con glifosato en Colombia hasta que se cumplieran dos requisitos. Por un lado, la consulta previa a comunidades étnicas afectadas y un proceso de toma de decisiones basado en el principio de precaución.
Posteriormente, en enero de 2022, la Corte Constitucional rechazó el Plan de Manejo Ambiental para retomar la fumigación con glifosato debido a que no se respetó el derecho a la participación de las comunidades.
