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La Procuraduría entregó su concepto en el proceso de revisión que adelanta la Corte Constitucional al decreto emitido por el gobierno del presidente Gustavo Petro que declaró la emergencia económica y social en La Guajira.
El organismo pidió al alto tribunal que declare inexequible el decreto, al asegurar que los hechos en los que se fundamentó la declaratoria de emergencia no son sobrevinientes.
"Declara un estado de emergencia económica, social y ecológica con base en hechos que no son sobrevinientes y pueden ser atendidos por medio de los mecanismos ordinarios existentes en el ordenamiento jurídico", asegura el documento.
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Sobre este decreto, se realizó una audiencia pública en la que el presidente Petro y las demás entidades del Estado relacionadas, expusieron sus argumentos en defensa de la declaratoria.
En el concepto, la Procuraduría dice no desconocer la agudización de la crisis del acceso y de cobertura a los servicios básicos en el departamento de La Guajira, pues señala que ha emitido diferentes informes sobre el seguimiento del Estado de Cosas Inconstitucionales declarado por el tribunal.
Sin embargo, el organismo asegura que la crisis en el departamento se trata de un problema que responde a factores estructurales, por lo que debe ser afrontada por las autoridades.
"Debe ser superada por las autoridades a partir de una buena gestión de los instrumentos institucionales construidos a través de la experiencia, es decir, sin otorgarle facultades extraordinarias al Gobierno Nacional", menciona el concepto.
Además señalan que no se debe permitir que el presidente de la República utilice la crisis de La Guajira para otorgarse facultades legislativas excepcionales.
"Al respecto, se reitera que los estados de excepción no pueden ser utilizados por el Gobierno Nacional para "eludir la potestad que tiene el Congreso para dictar leyes' o el cumplimiento de los fallos judiciales", dice cita la Procuraduría.
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Este concepto y los argumentos expuestos por el mandatario y las autoridades durante la audiencia, serán el material que deberán estudiar los magistrados de la Sala Plena para emitir una decisión definitiva con respecto la declaración de emergencia.
