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Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, Moe, que el próximo sábado 15 de julio vence el plazo para que el Consejo Nacional Electoral investigue y sancione el ingreso irregular de dineros en las campañas electorales durante el año 2014.
En diálogo con LA FM y RCN Radio, Barrios advirtió que en dos días ya no se podrán sancionar a los partidos o movimientos políticos que hayan burlado la ley, a través de la recepción de dineros de empresas nacionales o de cualquier tipo de recurso internacional.
"Lo que puede pasar es que quedaría toda esta investigación y todos estos hechos ocurridos en 2014, en la completa impunidad, igual que en la de 2010" dijo.
Indicó que "Todo aquello que hayan podido ser ingresos de recursos ilegales no tendrían ninguna sanción ni para las campañas políticas, ni para los candidatos ni para su cuerpo administrativo".
Con respecto a las sanciones, la directora de la Moe manifestó que el Consejo Nacional Electoral no cuenta con herramientas efectivas que permitan adelantar dichas investigaciones en tiempo real y avanzar de manera significativa en las sanciones administrativas.
"Se pueden aplicar unas sanciones muy serias tanto para las organizaciones y Colombia tiene unas sanciones que van desde las multas hasta casos como la pérdida del cargo" señaló.
Expresó que "Son además sanciones que van desde la posibilidad de no poder presentar candidatos... lo que no tiene el Consejo Nacional Electoral es el músculo, cuerpo técnico o capacidad para poder avanzar en investigaciones sobre todo lo que tiene que ver con esto de la financiación de las campañas".
Agregó que la principal razón de esta situación que se está advirtiendo, es que el CNE no tiene las capacidades por parte de la ley para poder sancionar de manera efectiva y agregó que "necesitamos un Consejo Electoral que no esté partirizado... para nosotros es muy importante lo que dijo la Fiscalía y es que el CNE ya tiene información de esa irregularidades".
Alejandra Barrios dijo que de aplicarse dichas sanciones, los partidos o movimientos políticos que hayan participado en la utilización de dichos recursos que están prohibidos por la ley, podrían llegar hasta perder su personería jurídica.
"Colombia tiene claras unas prohibiciones como que no puedan financiar empresas porque lo que se quiere evitar es que quien ocupe el más alto cargo, no tenga ningún tipo de relación posterior de favores que tenga que devolver algo" manifestó.
Añadió que "y también está prohibida la recepción de dineros de fuentes internacionales para defender la soberanía del país... este además es un principio internacional".
