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En una entrevista concedida a La FM de RCN, Gilberto Guerrero Díaz, vicefiscal General de la Nación, brindó detalles sobre la Directiva 0001 de 2024 emitida por la Fiscalía, la cual orienta a fiscales e investigadores en el análisis de eventos relacionados con la protesta social.
Guerrero Díaz subrayó la importancia de esclarecer el propósito de esta directiva, señalando que se trata de un documento técnico elaborado durante varios meses. “Este documento no introduce nada nuevo ni modifica el Código Penal o el Código de Procedimiento Penal. Su objetivo es compilar criterios y referencias jurisprudenciales de la Corte Constitucional, la Corte Suprema y la Corte Interamericana, para guiar a los fiscales en la resolución de casos relacionados con la protesta social”, explicó.
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El vicefiscal destacó que la Directiva 0001 busca equilibrar el derecho a la protesta, protegido constitucionalmente, con la gestión de actos violentos o delitos que puedan surgir durante estas manifestaciones. “La Directiva no pretende limitar el ejercicio del derecho a la protesta, sino asegurar que la fuerza pública actúe dentro de los principios de necesidad, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Se trata de evitar excesos en el uso de la fuerza”, afirmó Guerrero Díaz.
Añadió que la Directiva fue presentada al Consejo de Política Criminal en julio, socializada en agosto y formalizada a principios de septiembre. Enfatizó que el documento busca proporcionar a los fiscales criterios para asegurar que se respete el derecho fundamental a la protesta mientras se investigan y judicializan los actos violentos que exceden este derecho.
“No es cierto que la Directiva otorgue impunidad a los miembros de la fuerza pública o que ignore los delitos cometidos durante las protestas. La Directiva claramente establece que los delitos que exceden el ámbito de la protesta social deben ser judicializados”, puntualizó.
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Guerrero Díaz también abordó la complejidad de controlar todos los aspectos de una protesta social. “La protesta social, por su naturaleza disruptiva, puede generar desajustes en el orden público. La Directiva no busca deslegitimar el derecho a la protesta, sino ofrecer herramientas para gestionar estos eventos de manera que se mantenga el orden y se eviten excesos”, explicó.
Finalmente, el Vicefiscal resaltó que la Directiva 0001 proporciona a los fiscales un marco de referencia teórico y jurídico para abordar casos específicos, particularmente aquellos que involucran obstrucciones de vías o impactos en la vida humana, la salud pública y otros derechos fundamentales. “El valor de esta Directiva radica en ofrecer criterios claros para la ponderación y el análisis en situaciones concretas durante las protestas”, concluyó Guerrero Díaz.
