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En Colombia, varios estudios e investigaciones académicas sobre las normas y su alcance en contra de la corrupción han advertido que hay más de 38 leyes para enfrentar los delitos cometidos que son contra la administración pública.
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Hace pocos años el país estrenó el llamado Estatuto Anticorrupción que establecía una serie de medidas para atacar este mal, algo que resultó ser poco efectivo a la luz de hechos como el sonado escándalo de Odebrecht.
A propósito de la consulta anticorrupción que llevó a las urnas a más de once millones de colombianos el pasado domingo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que lo clave ahora es tener la voluntad política para atacar esos delitos.
“Hay que acabar el clientelismo con gente más preparada y técnica con vocación de servicio y no pensando en las cuotas políticas, algo que ya inició el presidente Iván Duque”, insistió.
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Aun así, dijo que debería estudiarse la posibilidad de establecer una estrategia integral del Estado que incluya el pago de recompensa por información, algo que sucedía en las épocas del narcotráfico donde ciudadanos suministraban datos del paradero de los capos a cambio de dinero.
“Se debe pensar en el pago de recompensa para quien suministre información sobre los corruptos”, insistió Ramírez, hoy en día en proceso de recuperación por una fractura de cadera sufrida la semana pasada.
En el mismo sentido, la vicepresidenta dijo que debe iniciarse una profunda reforma a la Contraloría General de la República, una propuesta del saliente contralor Edgardo Maya Villazón.
“Debemos pensar en acabar con las contralorías regionales como están diseñadas actualmente. Se deben dar además unas facultades de control previo que permitan actuar a tiempo para evitar que se dilapiden los recursos públicos”, sostuvo.
Finalmente, Ramírez dijo que se deben recoger todos los propósitos de la consulta anticorrupción con las iniciativas del presidente Iván Duque para lograr combatir los delitos asociados al tema.
