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Mucho se ha hablado en los últimos meses en el país de los considerados errores que se cometieron en la aprobación del Código de Policía que estableció nuevos parámetros de convivencia en el país.
Al respecto, uno de los mayores debates que se han levantado tiene que ver con las multas y sanciones impuestas a los vendedores informales que están en las calles y quienes les compran sus productos.
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Luego de una multa de $800.000 que debió pagar un joven por comprar una empanada y ser considerado por unos policías como un promotor de las ventas ambulantes, desde el Congreso de la República se abrieron espacios a la llamada ‘Ley Empanada’, una política pública sobre este tema.
Este martes en la plenaria de la Cámara de Representantes se dará discusión al proyecto de ley que establece varias alternativas para la población que tiene su manutención de las ventas informales.
La propuesta en la ‘Ley Empanada’, promovida por el partido MIRA, plantea una política pública de vendedores informales:
- Realizar un Censo nacional: actualmente el DANE señala que en la calle laboran informalmente 1.681.000 personas.
- Capacitación en el SENA: En diferentes artes y oficios.
- Locales bien ubicados: Donde tengan un mercado estable.
- Alternativas de ingreso (empleo o negocio): Capitales semilla
- Pago por uso ocasional y/o temporal del espacio público al estado algunos vendedores ambulantes señalan, que pagan actualmente por trabajar en el espacio público a terceros y ese dinero no representa algún beneficio para su futuro.
El senador Carlos Eduardo Guevara dijo que, si los vendedores informales decidieran pagar por usar temporalmente el espacio público, esos recursos serían destinados para el propio beneficio del vendedor. “Eso se destinaría como ahorro para que tenga una vejez digna, una pensión. ¿Cuándo un vendedor informal tendrá una pensión? Esta es una alternativa”, sostuvo.
A su turno, la representante Irma Luz Herrera aseguró que en varias ciudades se puede aplicar esta iniciativa e incluso en zonas o corredores estratégicos.
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Este martes se sabrá entonces la suerte de la ‘Ley Empanada’, una iniciativa para que el Estado genere políticas, programas y proyectos que garanticen el derecho al trabajo de vendedores.
