Ley de seguridad ciudadana: ¿Cómo aplicará en Colombia?

Las plenarias de Senado y Cámara aprobaron por amplia mayoría la conciliación del proyecto de ley de seguridad ciudadana, que ya pasa a sanción presidencial y que otorga herramientas a las autoridades para combatir la criminalidad.

Uno de los puntos más álgidos de esta propuesta, es el que tiene que ver con la legítima defensa, que quedó establecida para dos casos específicos, cuando una persona ingresa de manera violenta a una vivienda o cuando intenta a agredir a alguien que se movilice en su vehículo.

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El senador Germán Varón Cotrino, coordinador ponente, dijo que “lo que hay que entender es que la persona tiene derecho a la legitima defensa, nadie tiene por qué estar dispuesto a que lo agredan o lo lesionen sin poder ejercer una legítima defensa, eso sería un absurdo y eso no sucede ni aquí, ni en ninguna parte del mundo”.

El proyecto también contempla aumentar las sanciones para delitos como el hurto y para los reincidentes. El ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que este tipo de personas deberán ir a la cárcel.

“Quien robe a alguien utilizando un arma de fuego, tendrá que irse para la cárcel mientras espera su juicio y no estar en la calle delinquiendo mientras espera su juicio, eso es sacar a los delincuentes de la calle y llevarlos a prisión”, sostuvo.

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La ley también establece que cuando se cometa un delito grave, como homicidio agravado, contra integrantes de la Fuerza Pública, periodistas, líderes sociales o menores de edad, tendrá la pena más alta en Colombia que son 58 años de edad.

“Se ha dicho que esto afecta la protesta social, pero eso es absolutamente falso, porque no hay ni una sola palabra sobre el tema en todo el proyecto, la protesta está garantizada en la Constitución, pero sí se establece que para quien haga daño en bien ajeno y afecte el transporte masivo, los CAI, o la infraestructura al servicio de la justicia, esa conducta sea un agravante y no sea excarcelable”, dijo.

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De ahora en adelante quedará tipificado como delito el porte de armas blancas en el país con algunas excepciones, que quedarán autorizadas a través de un registro nacional que se creará con la ley.