JEP, entre defensores y detractores por caso Jesús Santrich

No cesa el debate alrededor del anuncio de la Justicia Especial de Paz (JEP) advirtiendo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no entregó la información que presuntamente relaciona a Jesús Santrich con actividades de narcotráfico. 

La justicia transicional reportó el lunes que “no recibió el material probatorio solicitado” sobre el caso del otrora negociador de las Farc en el proceso de paz con el Gobierno. 

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Hoy en día, teniendo en cuenta que la JEP tendrá que decidir la suerte de Jesús Santrich, no cesa el debate y las críticas a la misma jurisdicción que sirve como mecanismo transicional para juzgar los actos cometidos con ocasión del conflicto. 

Pastor Alape, delegado de las Farc al Consejo Nacional de Reincorporación, defendió a Santrich y dijo que ahora toda la acusación contra el exguerrillero quedó sin soporte o sustento probatorio.  

“El proceso contra Santrich se queda sin sustento probatorio, se va develando el montaje. Esperamos que la JEP otorgue prontamente su libertad”, señaló. 

Sobre el tema, el senador Álvaro Uribe Vélez dijo que la JEP se extralimitó en sus funciones al exigir las pruebas contra Santrich. Según él, esa petición lo único que logra es “más impunidad”. 

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Al respecto, explicó que Estados Unidos –como país que requiere en extradición al exguerrillero– solo debe certificar fecha del delito y su naturaleza, algo que a su juicio ya se cumplió en la petición formal. 

Sobre el tema, el exsenador Alfredo Ramos Maya lanzó fuertes críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz al catalogarla como una entidad “corrompida e ilegítima”. 

“La JEP es una institución corrompida desde su concepción, pasando por su ilegítima creación y ahora en sus decisiones de impunidad. Increíble que los colombianos estemos pagando funcionamiento de esta forma de corruptela y que con publicidad intenta callar opositores”, insistió. 

Ahora entonces, en manos de la JEP quedó la última palabra sobre este polémico caso que promete extender el debate jurídico en el país.

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