Harry Escobar, coordinador proyectos hídricos CodeChocó: "Estamos solos en la batalla para salvar el río Atrato"

Las bandas criminales que extraen oro de manera ilegal usando contaminantes como mercurio y cianuro, no son el único reto que deberán enfrentar las autoridades de Chocó para salvar el río Atrato. La falta de dinero es uno de los mayores impedimentos para combatir la minería ilegal que está devastando uno de los ríos más caudalosos del país.

Tras conocerse la sentencia de la Corte Constitucional que ordena al Estado un plan de salvamento del río Atrato con un máximo de seis meses, las autoridades ambientales de Chocó esperan que el fallo sirva para movilizar recursos para aumentar la operativa ambiental en esa cuenca hídrica.

En diálogo con LA FM, Harry Escobar, coordinador de proyectos de recursos hídricos de Codechocó, denunció que esa autoridad ambiental solo tiene 11 mil millones de pesos para funcionamiento e inversión, un presupuesto mínimo comparado al dinero que tienen las corporaciones autónomas del país.

"En este momento el presupuesto no supera los 11 mil millones de pesos, muchas de las actividades las hacemos con recursos propios de la entidad, en recaudo la proporción no supera los 180 millones de pesos que se destinan a esa actividad (planes de control de minería ilegal)".

Según el coordinador de proyectos hídricos, la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Chocó "está sola" en la batalla para combatir los daños ambientales que genera la minería ilegal, acción criminal que está presenta en casi todas las cuencas hídricas de ese departamento.

"La sentencia de la Corte sí genera una voz de alerta, la corporación espera que esto pueda sea una gran oportunidad, que se movilicen por fin los recursos para realizar una intervención en el territorio, desafortunadamente en materia minera nos han dejado solos en esta batalla".

El río Atrato es considerado uno de los más caudalosos del país y recorre el 40 por ciento del territorio chocoano. Con el fallo de la Corte Constitucional se declara a este afluente como un "sujeto de derechos", en donde la contaminación de las aguas por el mercurio estaría ocasionando abortos y enfermedades vaginales y cutáneas.

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