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El panorama político y judicial en el departamento de Antioquia se encuentra en un punto de máxima tensión tras la radicación de una acción de nulidad por parte del gobernador Andrés Julián Rendón ante el Consejo de Estado. Esta medida busca dejar sin efectos la Resolución 0072 de 2026 de la Fiscalía General de la Nación, la cual otorga beneficios de suspensión de capturas a cabecillas de estructuras criminales en el marco de los acercamientos de la "Paz Total".
El fundamento jurídico: ¿Acto administrativo o judicial?
Desde el Concejo de Medellín, la concejala Claudia Carrasquilla, conocida por su trayectoria en la rama judicial, lideró la explicación técnica sobre por qué la demanda tiene altas probabilidades de prosperar. Según la corporada, existe una confusión sobre la naturaleza del documento emitido por la entidad acusadora.
“¿Por qué procede la demanda de nulidad? Por una razón sencilla: la resolución 0072 es una decisión administrativa. Muchos podrán pensar que tiene carácter judicial, pero no es cierto. De acuerdo al artículo 250 de la Constitución Política, la Fiscal General solo puede emitir directrices administrativas; quienes aplican decisiones judiciales son los fiscales adscritos”, explicó Carrasquilla.
En este mismo sentido, el presidente del Concejo de Medellín también radicó una acción de nulidad independiente, rechazando lo que denominó una "consumación del pacto de la picota", señalando que estas medidas otorgan beneficios excesivos a miembros de estructuras que han azotado la seguridad de la capital antioqueña.
Gremios advierten un "mensaje desesperanzador"
El sector productivo y social de Antioquia también manifestó su respaldo irrestricto a la decisión del mandatario departamental. Desde Proantioquia, su directora Juliana Velásquez Rodríguez enfatizó que estas concesiones del Gobierno Nacional representan una alerta roja para las víctimas del conflicto armado.
“El Estado de Derecho se cuida cuando el respeto a la ley se sostiene sin concesiones. Esta solicitud de suspender órdenes de captura deja un mensaje desesperanzador sobre la noción de justicia en Colombia”, manifestó la directiva.
Por su parte, María José Bernal, directora de Fenalco Antioquia, expresó un rechazo tajante a la liberación de siete cabecillas de bandas criminales. Bernal advirtió que esta decisión pone en riesgo el imperio de la ley y genera incertidumbre de cara a los próximos procesos electorales en la región: “El mensaje directo es que en este país ser bandido paga”.
El futuro de la seguridad en el Valle de Aburrá
La controversia surge en un momento crítico para la seguridad del área metropolitana. Mientras desde el Gobierno Nacional se defiende la suspensión de capturas como una herramienta necesaria para el diálogo, en Medellín la percepción es de vulnerabilidad.
Ahora, la atención nacional se traslada al Consejo de Estado, tribunal que deberá decidir en los próximos días si admite la demanda y si, como medida cautelar, suspende los efectos de la circular para reactivar de inmediato la persecución judicial contra los líderes de estas estructuras criminales.
