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Como una “autopista de impunidad” calificó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la resolución 0072 de la Fiscalía General de la Nación que otorga la suspensión de órdenes de captura a 23 cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá, quienes se encontraban recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
El mandatario departamental cuestionó la medida al considerar que favorece directamente a jefes de organizaciones delincuenciales.
Demanda de nulidad con medida cautelar ante Consejo de Estado
“Se está construyendo una autopista de impunidad en la que transitan jefes de estructuras criminales”, afirmó, mencionando entre ellos a alias Calarcá.
De igual forma, el mandatario regional anunció que este lunes viajará a Bogotá para interponer una demanda de nulidad con medida cautelar ante el Consejo de Estado, con el objetivo de frenar los efectos de la resolución.
Asimismo, señaló que tanto el presidente Gustavo Petro como la fiscal general, Luz Adriana Camargo, estarían vulnerando la justicia y los derechos de las víctimas.
“Liberan a criminales y afectan a jueces, fiscales, policías y soldados que han arriesgado su vida por capturarlos”, expresó.
La decisión ha generado diversas reacciones en el ámbito político regional. El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, también anunció que radicará una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado contra la misma resolución.
El concejal de Bedout indicó que solicitará una medida cautelar de suspensión provisional para evitar que la resolución continúe produciendo efectos, mientras se toma una decisión de fondo.
"Que todos regresen a la cárcel"
“Buscamos que todos regresen a la cárcel mientras el Consejo de Estado decide”, afirmó.
De Bedout fue más allá y cuestionó lo que denominó como un supuesto “pacto de la picota 2.0”. “No va a pasar nuevamente. Beneficios a criminales a cambio de votos para Petro e Iván Cepeda. No en Medellín, no en Antioquia”, señaló.
Finalmente, advirtió que estos cabecillas serían responsables de continuar con delitos como extorsión, desplazamiento y homicidios en la región lo que, según dijo, mantiene en riesgo a la población del Valle de Aburrá.
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