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Las tres personas capturadas en Venezuela por el caso de Yulixa Toloza no serían extraditadas a Colombia y, en caso de ser procesadas en territorio venezolano, podrían enfrentar una pena máxima de 30 años de cárcel, según explicó el abogado penalista y exfiscal del Ministerio Público venezolano Sair Muranday en 'Aquí y ahora' de La FM. El jurista señaló que la Constitución de Venezuela impide la entrega de ciudadanos nacidos en ese país y precisó que el proceso dependerá de las pruebas enviadas por las autoridades colombianas.
¿Por qué los capturados por el caso Yulixa Toloza no serían extraditados?
Muranday afirmó que la extradición de venezolanos por nacimiento “es casi imposible desde el punto de vista constitucional” y explicó que existe una tradición jurídica de más de 100 años que impide la entrega de connacionales. Según indicó, la legislación venezolana establece que, ante la imposibilidad de extraditar, se debe abrir la posibilidad de juzgar a los implicados en Venezuela con base en las pruebas remitidas desde Colombia.
El abogado indicó que las autoridades colombianas tendrán 60 días para presentar los recaudos ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Durante ese tiempo, los detenidos permanecerán privados de la libertad mientras se realizan audiencias y alegatos relacionados con la solicitud. “Si se trata de venezolanos por nacimiento, la extradición será negada”, sostuvo durante la entrevista.
Muranday agregó que no existe otro mecanismo jurídico distinto a la extradición para trasladar a los capturados a Colombia. “Las deportaciones se aplican a personas extranjeras. Las deportaciones no aplican a nacionales”, señaló. También indicó que el artículo 69 de la Constitución venezolana “prohíbe expresamente la extradición de nacionales”.
¿Cuál sería la condena en Venezuela por el crimen de Yulixa Toloza?
El exfiscal explicó que los delitos imputados en Colombia no necesariamente tienen equivalencia en Venezuela. Según dijo, figuras como desaparición forzada u ocultamiento de pruebas no corresponderían a los tipos penales venezolanos en las condiciones expuestas en el caso. “La desaparición forzada es un delito que comete la autoridad o quien actúe con su aquiescencia y en este caso tampoco aplicaría”, manifestó.
Muranday señaló que los procesados podrían ser juzgados por homicidio simple o por homicidio a título de dolo eventual. Precisó que, bajo la legislación venezolana, esos delitos contemplan penas “entre 2 y 18 años de prisión”, aunque recordó que la Constitución fija un límite máximo de 30 años de cárcel.
Sobre la duración del proceso, el abogado indicó que todo dependerá de la coordinación entre la Fiscalía de Colombia y la Fiscalía de Venezuela. También afirmó que el traslado de pruebas será determinante para avanzar en un eventual juicio. “Si la Fiscalía de Colombia es suficientemente diligente para crear el nexo con la Fiscalía de Venezuela, entonces podría lograrse” el juzgamiento, dijo.
El penalista recordó casos anteriores en los que ciudadanos venezolanos fueron procesados en su país por delitos cometidos en el exterior, luego de que las autoridades extranjeras enviaran pruebas y documentos judiciales. Según explicó, esos antecedentes demuestran que sí existen mecanismos de cooperación judicial entre ambos países.
Además, indicó que las víctimas pueden participar en las actuaciones judiciales mediante abogados en Venezuela y realizar seguimiento permanente al proceso penal que se adelante contra los detenidos.
Muranday insistió en que los capturados no serán entregados a Colombia mientras permanezcan en Venezuela. “Desde Venezuela no los van a entregar”, afirmó. También señaló que el proceso podría extenderse durante varios años y dependerá de la actuación de las autoridades judiciales de ambos países.
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