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Esta semana fueron noticia tres concejales de Bogotá que renunciaron a sus esquemas de seguridad y a las camionetas blindadas suministradas por el Estado para velar por su integridad y coadyuvar con el cumplimiento de sus funciones.
Ángelo Schiavenato, Julián Triana y Daniel Briceño, coincidieron en que los impuestos de los ciudadanos no pueden usarse “para pagarle una Toyota TXL a un concejal”, por lo que optarán por transportarse en taxi, Uber e incluso en medios alternativos como la bicicleta y la patineta eléctrica.
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Precisamente, el concejal Briceño que representa al Centro Democrático, reveló que entre el 2024 y 2026, en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el Estado a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP) invertirá más de un billón de pesos en camionetas blindadas.
“Para que reflexionemos sobre el gasto en vehículos blindados en la UNP: De 2024 a 2026 el gobierno nacional gastará 1 BILLÓN de pesos arrendando vehículos blindados. Sin contar los que se están comprando. Pasáremos de necesitar 4.654 vehículos en 2024 a 7.450 en 2026”, manifestó el concejal.
También cuestionó si todos los funcionarios públicos y demás protegidos que en este momento cuentan con un vehículo asignado por la UNP, realmente la necesitan.
Enfatizó que el billón de pesos en la resolución firmada por Augusto Rodríguez, director de la entidad “solo incluye el vehículo. Recuerden que para cada uno hay que sumarle los gastos asociados al esquema de seguridad, conductor y hombres de protección”.
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Precisamente, Rodríguez denunció que la entidad que dirige se ha visto afectada por el hurto de estos vehículos. Manifestó que sólo en 2023 “fueron robadas 47 camionetas y en el 2022 se robaron 27”.
