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La presidente del gremio de las empresas generadoras de energía, Acolgen, Natalia Gutiérrez, señaló que es indispensable definir políticas públicas claras para que el sector siga avanzando y para dejar de lado las incertidumbres que se tienen.
“En el corto plazo estamos preocupados por las señales de política pública que se están dando por cambios relacionados a las leyes vitales para la confianza inversionista”, dijo Gutiérrez.
Además, indicó hay otros factores que afectan el sector eléctrico en el país, como las señales negativas para la construcción de proyectos hidráulicos y térmicos que se necesitarían en el mediano y largo plazo, y “eso sumado a que no se han nombrado los comisionados de la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas) y no hay viceministro de energía”.
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En este sentido, agregó que es importante tener “una institucionalidad nombrada para poder avanzar en los temas sectoriales de la mano del Gobierno”.
Por otra parte, manifestó su preocupación por los balances de energía entregado por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), en los que se evidencia que a partir del 2025 en adelante los márgenes de energía para atender la demanda son “estrechos”.
La presidente del gremio señaló que “lo que se necesita en déficit son señales de política publica para poder hacer inversiones y asegurar la confiabilidad y la entrega de energía en todo el país”.
Señaló que las medidas como la intervención del mecanismo de confiabilidad y la suspensión de los contratos de suministro “que terminará por generar ineficiencias dentro de la formación de precios, es decir aumento de energía en todo el país”.
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En cuanto al aporte a La Guajira, luego de la expedición del decreto de emergencia social y económica, dijo que “si bien son loables intenciones no atienden los principios de progresividad y de justicia tributaria al punto de producir efectos de incrementos injustificados para los usuarios del servicio”.
“No vemos cómo estos decretos pueden atacar los problemas que tiene La Guajira”, insistió Gutiérrez.
La dirigente gremial indicó que “somos solidarios con La Guajira, pero con el decreto 1276 creemos que lejos de atacar las problemáticas del departamento las puede agravar, especialmente en el cambio de distribución que pagan las empresas a las comunidades y municipios a las áreas de influencia puede llevar a una disminución de recursos para estas zonas”.
